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La demanda prometida: acusan a Calderón por crímenes de lesa humanidad

Martes 11.oct.11
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En mayo del 2007, en una entrevista con Carmen Aristegui, Edgardo Buscaglia, abogado e investigador de la ONU, habló de que la lucha contra el crimen organizado en el país requería de acción internacional. Según Buscaglia, el crimen organizado nacional tenía ya desde ese entonces presencia en 47 países, lugares en los que lava dinero a través de sus sistemas financieros. Es por eso que la convención de Palermo de la Organización de las Naciones Unidas debería tener injerencia en las estrategias contra el crimen organizado mexicano.

La convención de Palermo, decía Buscaglia, es un instrumento jurídico internacional que “permite colaborar con las autoridades judiciales, con las unidades de inteligencia financiera de otros países, sin necesidad de actos o acuerdos bilaterales, es decir acelera el proceso de cooperación, de persecución y de castigo a las organizaciones criminales”. Una herramienta indispensable para comenzar una guerra, que Felipe Calderón ignoró deliberadamente.

¿Habrán sido delirios de grandeza?¿Tal vez desinterés?¿Tal vez fue la estrategia de la no estrategia? A estas alturas, cuatro años después de aquella entrevista con Aristegui, estamos lejos ya de saber qué fue lo que se planificó, lejos de saber por qué se decidió correr contra el toro con armas menguantes, por qué se decidió matar, arrestar, provocar, en lugar de investigar y cerrar puertas económicas primero.



Hoy, repito, cuatro años luego de aquella entrevista, son los ciudadanos, no el presidente quienes han decidido acercarse a un organismo internacional para darle una pronta solución a esta guerra.

Un grupo de intelectuales, periodistas, abogados, investigadores y defensores de los derechos humanos, entre los que se encuentran Epigmenio Ibarra, presidente de Argos Comunicación; John M. Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Manuel Fuentes Muñiz, Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos; José Rosario Marroquín, Director, Centro de Derechos Humanos “Pro Juárez”; Julio Scherer Ibarra, Jurista, periodista y autor; Loretta Ortiz Ahlf, del Departamento de Derecho, Universidad Iberoamericana; Irma Eréndira Sandoval, del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM; Miguel Badillo, Director de la Revista “Contralinea” Rafael Barajas, “El Fisgón”, La Jornada y el mismo Edgardo Buscaglia; declararon en una rueda de prensa que representan a más de 11 mil ciudadanos (al momento) que han decidido levantar una demanda ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra el presidente Felipe Calderón, contra Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública, contra Guillermo Galván Galván, Secretario de Defensa Nacional, y Mariano Francisco Saynez Mendoza Secretario de la Marina Nacional. Por otra parte, esta demanda también se extiende a criminales como, por ejemplo, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La acusación no es menos grave que la situación del país: crímenes de guerra y lesa humanidad. Específicamente se acusa a Felipe Calderón de encubrimiento de tortura, homicidios, allanamientos, impunidad y finalmente, por la acción de haber creado un grupo militar de elite de apoyo a las fuerzas civiles federales, el cual mientras estuvo a su cargo cometió diversos crímenes en el marco de la guerra contra el narcotráfico.

El próximo 25 de noviembre se presentará esta junta de representantes ante Luis Moreno Ocampo, el fiscal de la Corte Penal Internacional, para solicitar formalmente que se inicie una investigación de corte internacional sobre la situación que prevalece en nuestro país.

Se dijo en dicha conferencia que lo que se esta solicitando al fiscal es “que antes de determinar si se abre o no la investigación en torno a la responsabilidad de estos funcionarios, la cual deberá determinar en unos meses, solicite, tanto al gobierno de Felipe Calderón como a los diversos organismos de la ONU, un informe sobre la situación que prevalece en México”.

De ser encontrado culpable de los cargos que mencionamos antes, Felipe Calderón y compañía podrían enfrentarse a condenas de 30 años de cárcel, o incluso cadena perpetua. Mientras tanto, la situación que impera en México con respecto a la violencia en las calles, sigue incrementándose e incluso hay regiones del país donde en la práctica, ya se lleva a cabo un estado de excepción.

Puede parecer que estos actos sean un tanto inverosímiles, ¿Juzgar a Felipe Calderón?¿Juzgar al gobierno que juzga? El caso es que entre los 50 mil muertos y entre los 10 desaparecidos, entre los migrantes acosados por el gobierno, es seguro que hay numerosos inocentes cuyos nombres han terminado en las fosas criminales al lado de quienes, aunque no recibieron jucio, pudieron haber sido culpables. El gobierno ha generado una mitificación de que todos los ejecutados son criminales, y esa mentira, sabemos bien, sólo existe para cubrir los daños colaterales que han salido de las armas oficiales, algunos por dignos errores, otros muchos por la impunidad que goza el gobierno.

Sin embargo, más allá de su funcionalidad, lo que hoy se anunció es un acto de estrategias políticas activas y proactivas que marcará la historia de nuestro país. Esta petición es la denuncia civil más grande que haya recibido la Corte Penal Internacional en su historia, dijo Netzaí Sandoval Ballesteros, quien es el abogado redactor de la denuncia.

Si ustedes están de acuerdo y quieren sumar sus nombres a esta petición, les dejamos aquí el link para que firmen.

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