Lo que pasó en Iguala ocurrió porque alguien lo pagó: ¡Hagamos algo ya!

El gobierno administra tu dinero en tu contra y en favor del crimen para obtener más dinero

Con dinero se alimenta el crimen organizado, que a su vez, no tiene otro fin que obtener dinero. El crimen no está sujeto a nuestras leyes y, de esta manera, pone en riesgo la seguridad nacional.

El gobierno tiene dos responsabilidades fundamentales: administrar el dinero público y administrar la seguridad. Ambas cosas las están haciendo mal, provocando una crisis fundamental: los funcionarios están administrando el dinero público para hacerse ricos y, con miras a lograrlo, se han asociado con miembros del crimen organizado. Al hacer esto han sacrificado la administración de la seguridad. El gobierno  y el crimen son hoy, en México, una y la misma cosa. Este círculo vicioso es un hecho. Ocurre. Es la realidad nacional.

Esto nos hace preguntarnos: ¿por qué los funcionarios del Estado han logrado poner a su propio servicio y al del crimen los recursos públicos?, ¿por qué han tenido la facilidad de administrar a las fuerzas armadas para enriquecerlos y no para resguardar la seguridad? La respuesta es obvia: porque pueden.

La pregunta que surge ahora es: ¿y por qué pueden? Porque no hay legislación que lo impida. De esta manera, cualquiera dentro de las instituciones que desee hacer algo en el sentido correcto, queda atado de manos sin poder juzgarlos. Sin embargo, aunque existiera tal legislación, los responsables de su ejecución no están dispuestos a hacer cumplir ninguna regla que impida la continuidad de aquel círculo. No hay leyes que sirvan. No hay instituciones que las hagan cumplir. No hay condiciones para juzgar su mala aplicación. No hay un Estado funcional.

 

El gobierno y el crimen pueden hacer esto porque nadie los vigila

Si los funcionarios pueden poner los recursos de los ciudadanos al servicio de los objetivos del crimen, es porque las reglas se los permiten. Y los que deberían velar por la ejecución de tales reglas son los primeros en romperlas.

Ante esta situación, surgen dos alternativas: o bien, la idea misma del Estado es inútil, o bien,  esta versión de Estado en particular, estas instituciones en particular no sirven. Si renunciamos a la idea de Estado, estaremos renunciando a la idea de la administración pública de la seguridad y de la administración pública de los recursos para lograr tal seguridad. Un riesgo demasiado alto para cualquier sociedad.

La segunda alternativa es cambiar la situación actual del Estado. ¿Cómo hacerlo? Cambiando las reglas sin ser ingenuos. No se trata de crear reglas que simplemente digan “debes administrar los recursos ciudadanos y las fuerzas de seguridad en favor la ciudadanía”. No: las nuevas reglas deben ser de tal naturaleza que OBLIGUEN a los administradores a hacer las cosas de esa manera.

Pero las reglas solas no pueden obligar a nadie, puesto que sólo tienen efecto cuando son aplicadas y, en este caso, es a los propios aplicadores de reglas a los que las nuevas normas deberían regular. Cuando se deja a los servidores la posibilidad de ser juez y parte, sólo se alimenta el círculo vicioso.

 

Los ciudadanos debemos vigilar al gobierno

Los que hacen las reglas (el poder legislativo) y los que las aplican (el poder ejecutivo) han de ser representantes ciudadanos. Lo sabemos: muchos no lo son y la razón es sencilla: nadie los obliga, nadie los vigila.

¿Quién puede vigilar que el gobierno cumpla sus tareas y, sobre todo, que no sea el propio enemigo de la ciudadanía? Pues bien, si los recursos son de los ciudadanos, si la seguridad de vigilar es la de los ciudadanos y si los funcionarios son los empleados de los ciudadanos, la respuesta a esa pregunta se vuelve clara: somos los ciudadanos los que deberíamos supervisar el funcionamiento del  Estado. Somos nosotros los que deberíamos evitar que los funcionarios se valgan de nuestro dinero para fortalecerse contra nosotros. Los funcionarios de Estado son nuestros empleados y debemos vigilar que trabajen bien.

La aplicación de las nuevas reglas (de aquellas que han de evitar que los funcionarios se enriquezcan y que pongan al las fuerzas armadas al servicio de ese enriquecimiento) debe ser responsabilidad ciudadana. Por lo tanto, las primeras reglas a cambiar y mejorar son las que hoy impiden a los ciudadanos vigilar al gobierno.

El gobierno debe rendir cuentas, y los ciudadanos deben exigirlas. ¿Cómo pueden hacerlo? A través de instituciones. Y, por su puesto, estas instituciones no pueden ser parte del gobierno. Deben ser ciudadanas.

Los primeros que deben rendir cuentas son los administradores directos de la seguridad y de los recursos. Por lo tanto, lo primero que debe haber son instituciones ciudadanas que exijan cuentas a los que administran ese dinero y esa seguridad: los jefes de Estado, en cualquier esfera de gobierno.

Actualmente, los administradores deben rendir cuentas ante sus propias secretarías (comenzando por la de Hacienda) y ante sus propias fiscalías (procuradurías). Éstas no han impedido que usen nuestros recursos a su favor, y sobre todo, no han impedido que lo usen en nuestra contra. Actualmente, los funcionarios ni siquiera necesitan lavar el dinero ilícito que obtienen de nuestros recursos, porque nadie les pregunta de dónde vienen.

Por lo tanto, son necesarias reglas que obliguen a los jefes de Estado a rendir cuentas, en primer lugar, ante una institución ciudadana antes que frente a las secretarías y fiscalías del Estado. Es necesaria una Fiscalía Ciudadana para la Auditoría de la Administración de Recursos del Estado.

No obstante, esta fiscalía ciudadana no sólo ha de vigilar la buena administración de los recursos ciudadanos, sino también ha de evitar que los gobernantes sean pagados por aquellos que no son los dueños de los recursos. Debe evitar que sean pagados por el crimen organizado. Por lo tanto, no sólo ha de velar por la buena administración de las arca públicas, sino también ha de revisar constantemente las cuentas patrimoniales de los gobernantes y de los criminales. Debe ser también una Fiscalía para la Auditoría Patrimonial de los Funcionarios de Estado. 

 

¿Cómo podemos lograrlo?

Ayotzinapa fue posible por muchos motivos. No podemos controlarlos todos. No podemos apostar a crear instituciones que garanticen que quienes ocupan cargos públicos o que quienes ostentan el poder al interior de los grupos criminales sean buenas personas. Sin embargo, sí podemos hacer algo para evitar que uno de los motivos vuelva a estar presente: el dinero.

Si Ayotzinapa fue posible, es porque alguien lo pagó. Si alguien lo pagó fue, en el fondo de las razones, para obtener más dinero. Evitemos juntos que se pueda volver a pagar por una masacre de esa naturaleza. Vigilemos donde más les duele: en las cuentas bancarias, en los bolsillos de quienes podrían pagar algo así. No volvamos a permitir que el gobierno administre nuestros recursos y que al mismo tiempo sea quien audita esa administración. Dividamos ambas tareas y evitemos juntos el horror.

Hay un momento en el que los legisladores están hambrientos de propuestas: las elecciones. Lo normal es que ellos prometan y que nosotros votemos. Ahora es momento de condicionar nuestro voto no a una promesa sino a una exigencia. Queremos que los candidatos garanticen la creación de un órgano ciudadano y autónomo para la auditoría de de los recursos públicos y patriomoniales de los funcionarios y criminales.

Exijamos que comiencen con ellos mismos, haciendo transparente cada centavo de su dinero de campaña. Que lo gasten en nuestro favor.

Juntos podemos lograr el primer paso: una legislatura de los ciudadanos. No volvamos a permitir que se pague otro caso como el de Ayotzinapa.

@plumasatomicas