¿Debería haber una ley que obligue a la primera dama a rendir cuentas? #YaMeCansé

El día de ayer, Angélica Rivera, esposa del presidente Peña Nieto, hizo una declaración pública con la que buscó aclarar lo relacionado en torno a su propiedad ubicada en Sierra Gorda 150 en Lomas de Chapultepec, conocida como “La Casa Blanca”.

Además de todo lo que es posible señalar en torno a la verosimilitud de la explicación de Rivera, cabe detenernos en una de sus afirmaciones. En su video, Rivera afirma que no es funcionaria pública y que por este motivo, no está obligada a dar explicaciones sobre su patrimonio ante la nación, aunque en esta ocasión hace una amable excepción a la regla para que no quepa duda sobre su honestidad.

Ante esta afirmación, debemos hacer 2 aclaraciones.

1) En efecto, Angélica Rivera no es, estrictamente, funcionaria pública. Aunque lo normal es que la primera dama sirva como presidente del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (una figura más bien simbólica, pues es el director de este organismo el que asume las responsabilidades administrativas), Rivera no cumple con tal función.

Actualmente, la presidenta del DIF nacional es Laura Ibernia Vargas Carrillo, esposa del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong (así es, está casado). Y, Rivera solo es presidente del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF, órgano que, según su estatuto constitutivo, fue creado “para que dirija opiniones y recomendaciones al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia sobre sus políticas y programas nacionales, así como para apoyar las actividades de dicho organismo” (lo que sea que eso signifique).

En el mismo documento se afirma que  “los miembros del Consejo Ciudadano Consultivo no percibirán retribución, emolumento o compensación alguna”, de suerte que, al tratarse de un puesto más bien honorario y no dependiente del presupuesto público, Rivera no está obligada a rendir cuentas públicas. La ley le da la razón.

2) El verdadero problema es ese: que no debería tener la razón. Hoy, más que nunca, deberían volverse transparentes las cuentas de los funcionarios públicos y de sus familiares. La razón es sencilla: México pasa por una crisis de seguridad que tiene como una de sus causas más importantes la mala administración de recursos públicos. Para ser precisos: casos como el de Ayotzinapa sólo pueden ocurrir si alguien los paga. Ese dinero viene fundamentalmente de 2 lugares: los fondos públicos y los del crimen organizado.

Cuando se detiene a un político corrupto o a un criminal poderoso, deberían congelarse sus cuentas e investigarse el origen de las riquezas de su familia. Esto con la intención de que tal detención no deje simplemente una vacante en un sistema que, por otro lado, permanece perfectamente montado gracias a la existencia de fondos ilimitados para pagarlo. Para hacer esas investigaciones, se necesitan unidades ciudadanas de investigación patrimonial. Actualmente, no existen. 

Es importante que la familia del funcionario o del criminal también sea investigada sin obstáculo alguno, pues el dinero malversado no recae únicamente en las cuentas de un individuo: es repartido entre varias para hacer más difícil la captura.

Sin embargo, la revisión de las cuentas patrimoniales de los funcionarios Y DE SU FAMILIA no sólo deberían hacerse en el caso de que sean detenidos o puestos bajo sospecha. Debería hacerse periódicamente, de suerte que pueda prevenirse el enriquecimiento ilegal y sobre todo, la posibilidad de usar esa riqueza en nuestra contra.

Que la primera dama dé explicaciones sobre sus propiedades no debería ser un favor para los mexicanos: debería ser la ley. Y lo mismo debería valer, al menos, para el resto de los familiares directos de los funcionarios públicos. Conocer el estado fiscal y patrimonial de la clase política debería ser un derecho ciudadano. El secreto en torno a tal estado es uno de los factores que permiten la asociación entre el crimen y los gobiernos.

Para conocer más de esta propuesta, da clic aquí.

@plumasatomicas

Vía: Diario Oficial de la Federación