Ayotzinapa: a tres años, sin culpables y en el olvido para las autoridades

Hoy se cumplen tres años de la desaparición de los 43 normalistas y, aunque la vista está colocada sobre la emergencia producida por el sismo de la semana pasada, hay que recordar que el tiempo que ha transcurrido desde el 26 de septiembre de 2014 no ha sido suficiente para que las autoridades emitan sentencias a responsables. Ni una sola se ha hecho.

Para conocer la magnitud de lo ocurrido hace 36 meses, el grupo interdisciplinario Forensic Architecture creó el proyecto #PlataformaAyotzinapa, en la cual se recapitula metódica y rigurosamente la forma en que el grupo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fue atacado por criminales y policías en la ciudad de Iguala. Además, se ofrecen datos que confrontan de forma contundente lo que las autoridades han llamado “Verdad Histórica”, con la cual casi dan por cerradas las investigaciones en torno a la desaparición de los normalistas. “Los padres y quienes los acompañamos acudimos a estas estrategias alternativas para evidenciar la mentira y la ineficacia (…) a tres años no hay avances, no hay nuevas detenciones ni hay información sobre el posible paradero de los estudiantes”, señala Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProHD), grupo que representa a los familiares de las víctimas de Ayotzinapa.

En efecto, para las autoridades el caso está no resuelto, pero sí cubierto en casi toda amplitud. La Procuraduría General de la República (PGR) presume que se han agotado el 91% de las líneas de investigación marcadas por los padres de los 43. Así, ¿qué más quieren?, ¿qué se les pude reclamar? Bueno, quizás “sólo” el hecho de que no se ha logrado esclarecer lo ocurrido con los desaparecidos y mucho menos lograr dar con su paradero. De lo sentenciado por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, poco se ha movido la versión “definitiva”: los jóvenes fueron detenidos por un grupo armado, el cual los llevó hasta un basurero de Cocula, donde fueron incinerados para luego arrojar sus cenizas en el río San Juan. ¿Por qué?, ¿por orden de quién?

Pese a que grupos de especialistas extranjeros se han encargado de desmentir lo anterior, además de que las autoridades se han encargado de poner ellos mismos en duda su actuar (recordemos al flamante director de la Agencia de Investigación, Tomás Zerón, plantando evidencia), en un comunicado la PGR señala que, en todo momento, se ha manejado con total objetividad en sus investigaciones. Y, aunque no hay nadie sentenciado, “hay más de 120 personas bajo proceso judicial como resultado del trabajo de investigación en torno al caso. 71 de ellas están acusadas del secuestro de los 43 jóvenes estudiantes”. La razón por la que no hay sentencias es 1) los procesados parecen gatos boca abajo, recurriendo a cuanto recurso legal tienen para atrasar el caso y 2) habrá que esperar a que se concluya el 100% de la investigación, ya que se continúan presentando pruebas. Aunque las autoridades parecen celebrar los resultados hasta ahora obtenidos de las investigaciones, para los representantes de la organización ProDH éstas se encuentran “estancadas”.

Habrá que ver si las autoridades atienden las líneas de investigación reclamadas por los padres de los normalistas, las cuales podrían conducir las indagatorias a áreas no exploradas hasta ahora. Una de ellas tiene que ver con la supuesta actividad de los celulares de algunos de los jóvenes normalistas, días después del ataque. Otra implica la participación de policías municipales de Huitzuco, militares, así como el paso de drogas en el autobús tomado por los normalistas, el cual llevaba rumbo a Estados Unidos. Esto por mencionar sólo unas de esas líneas. De retomar y encausar las investigaciones como se debe, se podría notar que los estudiantes no desaparecieron en un solo evento (como lo revela el trabajo realizado por el mencionado Forensic Architecture), sino en “hechos alternados en lugares distintos, con rutas distintas de desaparición y varios eventos en los que participaron autoridades de distintos niveles de gobierno y grupos delictivos”, señala Patrón, de ProDH.