Exgobernador Eugenio Hernández se ampara y no podrá ser trasladado a penal federal

Aunque podría haber riesgo de fuga, un juez federal se vio buena onda con el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, y le concedió un amparo contra su posible traslado a un penal federal. Así que por lo mientras y pese a que el penal de Ciudad Victoria no cumple con la infraestructura de seguridad que necesita un malandro del calibre de Hernández, éste no se moverá de penal.

La idea de cambiar de ratonera a Eugenio Hernández no sólo fue por el hecho que es considerado un reo de alto perfil. De acuerdo con las autoridades tamaulipecas, el traslado es necesario para cuidar el bienestar del hombre acusado de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Secretaría de Seguridad Pública local señaló que en el Centro de Ejecución y Sanciones (Cedes) victorense ha habido fugas, riñas, enfrentamientos y asesinatos durante todo 2017… incluso en julio pasado hubo una campal que dejó un saldo de siete muertos y decenas de heridos.

Sin embargo, parece que el político priista está en su ambiente, ya que lo que pasa en el Cedes donde se encuentra desde su detención, realizada el pasado 6 de octubre en Ciudad Victoria, no lo amedrenta y desde el viernes por la noche solicitó que ahí lo dejen encerrado… aunque también la negativa a ser trasladado es una forma de retrasar su posible extradición. De acuerdo con diferentes medios, el exmandatario tamaulipeco es necesitado en Texas, donde se le acusa de lavado de dinero. Por ello, desde agosto un tribunal federal en Corpus Christi pidió las copias certificadas de las órdenes de arresto emitidas contra Hernández en febrero. Además de lavado (actividad que habría realizado de 2008 a 2015), Hernández es acusado por fraude a bancos texanos, al falsear información para pasar fondos de cuentas provenientes de México.

Sucesor de Tomás Yarrington (exgober priista quién también ya está en el bote), Hernández compró un terreno de mil 600 hectáreas –propiedad del patrimonio del Estado– por medio de una red de prestanombres. Además de la ilegalidad de la acción, la transacción huele a ésas que después perfeccionó Roberto Borge: por la venta del predio se recibieron 16 millones de pesos… el valor en ese momento era de mil 584 millones de pesos.

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