La medición de la pobreza: usos y abusos

Por Paloma Villagómez

Aquí y en China las mediciones de pobreza son un asunto tan complicado como necesario. Enfrentan el doble desafío de seleccionar una definición de pobreza que parezca conveniente en un lugar y un momento determinados, y de volverla “observable”, traducirla a variables o indicadores que puedan ser medidos.

La manera en la que estos dos aspectos de una medición son resueltos dice mucho de una sociedad. Al definir qué debemos entender por pobreza sugerimos, por contraste, cuál es la idea vigente de bienestar, desarrollo y vida digna, de los que la pobreza viene a ser una condición que está por debajo de mínimos aceptables.

Al traducir estos conceptos en indicadores, seleccionamos los aspectos materiales, económicos y sociales que nos parecen más relevantes para la subsistencia cotidiana. Cuando establecemos umbrales para definir quién cae en la pobreza y quién la libra –en los términos de la definición y de las variables seleccionadas-, reflejamos nuestra concepción de lo básico, de lo imprescindible, ya sea para bien vivir o apenas para sobrevivir.

Así, las mediciones de pobreza, con todas sus decisiones conceptuales, metodológicas y técnicas son una aproximación mínima a lo que entiende una sociedad por justicia social, igualdad y ejercicio de derechos. En este tenor, podemos encontrar definiciones y metodologías muy comprensivas y otras francamente tacañas.

Foto: Shutterstock

México, que hasta hace poco más de una década no contaba con una medición oficial de pobreza que informara al país sobre la magnitud y la distribución del rezago social, se convirtió en uno de los primeros países del mundo en adoptar una medición que transcendía el supuesto de que la pobreza equivalía a no tener dinero (pobreza por ingresos). En su lugar, estableció una metodología que parte del supuesto de que la pobreza implica una violación a un conjunto de derechos sociales (como la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, la alimentación), además de los aspectos estrictamente monetarios (pobreza multidimensional).

Esta decisión implica no sólo un cambio metodológico sino de paradigma, un salto de un modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico –que, según el neoliberalismo, ascendería como la espuma y se derramaría pródigamente sobre toda la población- a otro en el que, sin dejar de reconocer la importancia crítica de lo económico, acentúa la necesidad de atender, simultáneamente, otros derechos sociales igualmente importantes para el bienestar de las personas.

Durante varios años, esta forma de medir la pobreza ha servido –no sin críticas ni señalamientos- para dar cuenta del tamaño y la intensidad de la precariedad en el país, analizar la distribución de las carencias y hacer evidentes las diferencias que distintos grupos sociales muestran en el acceso a derechos fundamentales, confirmando la profunda inequidad que nos caracteriza como sociedad.

En todo este tiempo, la medición de la pobreza se propuso ser parsimoniosa y transparente, características poco frecuentes en el mundo de las estadísticas, cuya producción suele ser compleja y confusa para personas que no se especializan en su manejo e interpretación pero que, sin duda, tienen derecho a la rendición de cuentas. Bajo este principio, los materiales de la medición de la pobreza son y han sido públicos, desde la metodología, las bases de datos y los programas de cálculo, hasta los resultados.

La consolidación de esta forma de medir, junto con la presión pública a la que obligaba su transparencia, produjeron una narrativa de la pobreza que fue rápidamente apropiada por las instancias encargadas de la política social del país, una situación que parece conveniente en principio pero que, llevada al extremo, acarrea consecuencias no esperadas y totalmente indeseables.

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La metodología se convirtió, prácticamente, en el libro de cabecera de cada una de las instancias involucradas en las dimensiones contenidas en la medición. Identificaron el indicador que les correspondía y dirigieron todos sus esfuerzos a abatirlo. Hacerlo no sólo demostraría que hacían su trabajo, sino que, dado el diseño de la metodología, contribuían a la reducción de la pobreza misma. Es decir, no sólo cumplían con su labor sino que aportaban su granito de arena a la gran tarea nacional.

Sin embargo, la administración pública a cargo del desarrollo de este país pronto dejó de ver la película completa para concentrarse en apenas un fotograma. El trabajo y los recursos –los míos, los suyos, los de todos- se orientaron desproporcionadamente hacia la atención de los rezagos que formaran parte de la medición. Digamos, exagerando (creo, espero), que si su casa tenía techo de concreto pero carecía de puerta y vidrios en las ventanas, a la política social le daba igual que sus moradores sufrieran las inclemencias del tiempo, pues la medición sólo considera el techo, no dice nada sobre puertas y ventanas.

Esta estrechez de miras se transformó en algo mucho más sórdido y violento conforme se acercaba el momento de rendir cuentas y, sobre todo, de poner la mesa para las elecciones. Es aquí cuando nos enteramos de las modificaciones en los instrumentos de recolección de información y de sus consecuencias sobre la medición de la pobreza y su comparabilidad en el tiempo.

Dada la dificultad de reducir la pobreza en un contexto de raquítico crecimiento económico, programas sociales poco eficaces y niveles históricos de inflación e informalidad, el Estado parece haber optado por alterar la narrativa de la pobreza. Decidió no sólo enfocarse en el indicador sino desfigurarlo hasta que ya no se pareciera a nada, hasta que no hubiera historia que contar.  

Hoy los indudables logros alcanzados en materia de medición de pobreza –con todo y sus críticas- exigen replanteamientos a futuro. El problema más obvio son los manotazos que quienes dirigen este país han dado sobre la mesa. Pero también hay que resolver la confusión que parece existir entre la pobreza y su medición.

Foto: Javier Lira / Notimex

Esta última es un “recorte” de la realidad, una selección de variables que se consideran relevantes en un lugar y un momento determinados, extremadamente útiles para informar sobre las necesidades de la población y asignar recursos para su atención, pero que pueden ser distintas en otros contextos e, incluso, deben cambiar con el tiempo, conforme los pisos mínimos son rebasados y podemos plantear nuevos umbrales de desarrollo, gradualmente más elevados.  

La pobreza como fenómeno, como experiencia de vida, no equivale a su medición, como tampoco el combate a la pobreza equivale al desarrollo. El primero es parte del segundo, pero no lo define. Reducir las carencias, alcanzar pisos mínimos de bienestar no equivale, en absoluto, al ejercicio pleno de derechos*. La tarea del Estado no es mantener a una sociedad “en la rayita”, sino producir y mantener las condiciones que les permitan desarrollarse plenamente, en función de las metas que se consideren valiosas.

Entender la reducción de la pobreza como una tarea del desarrollo y no del asistencialismo de corto plazo requiere una perspectiva de largo aliento que trascienda la urgencia mezquina por garantizar el poder en el próximo sexenio.

Vista así, la medición de la pobreza no se trata de contarnos mejores cuentos, sino de que algún día no haya mucho qué contar.

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Paloma Villagómez es socióloga y poblacionista. Actualmente estudia el doctorado en Ciencias Sociales de El Colegio de México.

Twitter: @MssFortune

Algo que, en mi opinión, no corresponde a la medición de pobreza evaluar.