Ocho exmiembros de Gobierno catalán fueron enviados a prisión por “rebelión”

Ocho exintegrantes del recientemente destituido Gobierno de Cataluña fueron enviados a prisión por los delitos de sedición, malversación y rebelión después de comparecer ante la Audiencia Nacional en Madrid. A la convocatoria no asistieron Carles Puigdemont, expresidente catalán, y cuatro de sus colaboradores, debido a que siguen en Bélgica gestionando su defensa ante las acusaciones.

El exvicepresidente Oriol Junqueras; Jordi Turull, consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalidad de Cataluña; Raül Romeva exconsejero de asuntos Internacionales; Josep Rull exconsejero de territorio; Carles Mundó, consejero de justicia; Meritxell Borràs, consejera de Gobernación y relaciones institucionales; Joaquim Forn, consejero del interior y Dolors Bassa, consejera de trabajo, serán trasladados de manera inmediata a prisión, de acuerdo con el periódico El País.

Sin embargo, la fiscalía hizo una excepción y giró prisión eludible con fianza de 50 mil euros para el exconsejero de empresa Santi Vila, quien renunció a su cargo el pasado 26 de octubre, antes de que el Parlamento catalán votara la declaración unilateral de independencia.

Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña
Foto: David Ramos/Getty Images)

Algunos de los argumentos de la jueza Carmen Lamela para tomar dicha determinación fueron el gran riesgo de fuga que existe, el alto poder adquisitivo de los señalados, además de que otros imputados en el caso han salido al extranjero para evitar a la justicia española (*cof cof Puigdemont cof cof*). Este jueves 2 de noviembre, la fiscalía española ordenó la aprehensión del expresidente de Cataluña, además de sus exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig, después de que estos no se presentaran a su comparecencia. De acuerdo con Lamela, el delito de rebelión se castiga con hasta 25 años de prisión, el de sedición con 15  y la malversación tiene una pena de ocho a diez años.

La jueza indicó que los imputados alentaron “actos de insurrección pública”, de “desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado” (bloqueando carreteras, calles y “sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso”) para conseguir la independencia de Cataluña.

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