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Mujeres víctimas de abuso en Atenco ofrecen su testimonio ante Corte Interamericana

En mayo de 2006, cuando el ahora presidente Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, se realizaron operativos policiales en los municipios de Atenco y Texcoco, con el objetivo de poner fin a un movimiento de protesta contra la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. De esas violentas movilizaciones, 217 personas fueron detenidas arbitrariamente y torturadas, de las cuales 31 mujeres denunciaron haber sido víctimas de tortura sexual. Pese a esto, varias de ellas fueron encarceladas y sujetas a proceso penal por los delitos de ultraje a la autoridad, portación de arma, ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado.

“Que se vigile la implementación de la ley hacia los mexicanos y más hacia la mujer. Porque la mujer es la base. Una mujer rota, fracciona toda la sociedad, a sus hijos, a sus padres. Es la base. Una madre es la que le da de beber del seno al hijo. ¿Y qué le da de beber? Miedo. Y una sociedad crecida, bebiendo miedo, no puede crecer”: Gabriela Cuevas Jaramillo, una de las mujeres víctimas de Atenco.

Debido a que en México no encontraron la justicia que se espera ante un evidente atropellamiento a los derechos como el que sufrieron, Mariana Selvas, Georgina Rosales, María Patricia Romero, Norma Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Gabriela Cuevas, denunciaron en 2008 el caso Atenco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras años de estudio, la instancia internacional consideró  que la detención de las 11 mujeres fue ilegal y arbitraria, además de que fueron víctimas de “graves actos de violencia física y psicológica”, los cuales fueron cometidos por agentes estatales. Pese a ello, el Estado no cumplió con su obligación de investigar los hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable. Por estas razones, la Comisión decidió  presentar el caso en la Corte Interamericana en septiembre pasado y, ahora, el grupo de mujeres ofreció su testimonio de lo ocurrido ante el tribunal interamericano ubicado en San José, Costa Rica.

“Con sus dedos me penetra en el ano y en la vagina, después la camioneta se detiene, me obligan a bajar, me pasan con otros policías que visten totalmente distinto, todos de negro”, relató Norma, al ser la primera de las cinco mujeres que ayer relataron la violencia de la que fue objeto por parte de la policía. “Merecemos que se reconozca que estamos diciendo a verdad. Justicia. Nadie ha sido consignado en un operativo tan grande Que se investigue, no solo para que se haga justicia sino para que esto hechos no vuelvan a ser repetidos”.

“Me pegaban en las rodillas para que abriera las piernas, donde hubo tocamientos, también en el pecho (…) Yo no pude retomar mi vida después de los hechos, no quería regresar a la universidad. Me sentía sucia, humillada, sin ningún valor, y no pude volver a escribir del movimiento social en Atenco porque me dolía y no pude dejar de llorar”, describió en su turno Claudia, quien en ese entonces era alumna de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Por su parte, Bárbara acusó que un año después de que los policías abusaron de ella – “vengan a calentar a esta puta”, fue la frase que recordó previo al sometimiento de que fue objeto – en la PGR fue humillada mientras se le realizaba un peritaje: estaba desnuda en un pequeño cuarto y escuchó cómo afuera los policías decían chistes sexistas; además, quienes le hicieron las pruebas le tomaron fotografías con sus celulares.

En su testimonio, Patricia recordó los policías la sacaron violentamente de la casa en la que se había refugiado. Fue trasladada a Almoloya y golpeada mientras se le hacía un interrogatorio. Todo ello fue grabado en video. “que se diga la verdad sobre lo que sucedió el 3 y 4 de mayo de 2006 y que se haga justicia, que a toda la cadena de mando implicada en el operativo se le castigue por su participación”, exigió la mujer que, luego de lo sucedido, fue incapaz de retomar su vida. No terminó sus estudios y ahora es comerciante. “En ese tiempo vi un mensaje en la televisión, en el que el gobernador decía que mentíamos”, señaló Patricia al solicitar que el Estado aclare públicamente que ellas siempre dijeron la verdad. En ese momento uno de los jueces le pidió decir el nombre de funcionario al que se estaba refiriendo. “Enrique Peña Nieto”, contestó.

En la sesión de la Corte estuvieron presentes representantes del gobierno mexicano. Uno de ellos, Uriel Salas, al tomar la palabra señaló que “el gobierno de México condena categóricamente cualquier violación a los DH que ocurra dentro o fuera de su territorio… bla, bla, bla,”, pero fue interrumpido por uno de los jueces: haga preguntas, no dé posicionamientos. Salas entonces preguntó si sabía que el gobierno había aceptado su responsabilidad… y si no consideraban que el reconocimiento del Estado era una medida de reparación. “Sí lo es, pero en la medida de que sea completo, que haya una investigación y se nombre a todos los responsables de los hechos. Si es la mitad de la verdad, no es la verdad”, contestó Norma Jiménez.

 

Hoy las mujeres expondrán sus argumentos finales ante la Corte, en la espera de que ésta solicite una reparación integral de los daños a las víctimas. Al respecto, el embajador de México, adelantó que se acatará lo que el organismo internacional dictamine: “no estamos discutiendo si se cometieron o no violaciones de derechos humanos, éstas ya fueron reconocidas (…) Mañana tendremos esa oportunidad de presentar todos nuestros argumentos, ellas (las victimas) han pedido una investigación de todos los presuntos responsables. Nosotros sostenemos que esa investigación, si bien no está concluida, sí está muy avanzada”.

Información: Animal Político, La Jornada, Proceso, BBC, Reforma, El País

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