“Es ambigua, laxa y no garantiza respeto a DDHH”: expertos de la ONU en contra #LeyGolpista

Ayer por la tarde, los senadores que integran las Comisiones Unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legistlativos aprobaron en lo general el dictamen de la controvertida Ley de Seguridad Interior. Nuestros legisladores le dieron luz verde al proyecto a pesar de las recomendaciones que realizaron organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, además de los señalamientos que hicieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), distintos académicos y miembros de la sociedad civil.

Anoche se dio a primera lectura en el Pleno del Senado, aunque ya no continuó su discusión. Se prevé que en la sesión de hoy, programada para iniciar a las 11:00 hrs, los senadores aprueben la creación de la llamada #LeyGolpista.

En un comunicado, sin precedentes, firmado por seis mandatos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se estipula que la Ley de Seguridad Interior, tal y como está, a pesar de las “modificaciones cosméticas” que los senadores hicieron al proyecto original y tras fingir diálogo con especialistas y ciudadanos de a pie, supone un riesgo para los derechos humanos y debe ser rechazada. Este jueves 14, expertos de Naciones Unidas advirtieron que el proyecto de ley daría a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad, lo cual podría debilitar la protección de los derechos humanos.

#Ejército, #LeyGolpista
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La iniciativa, explicaron los especialista de la ONU en su mensaje, no contempla mecanismos de control para garantizar que las operaciones se lleven a cabo con respeto a los derechos humanos, es poco transparente y no impone supervisión judicial ni civil a las potenciales acciones de inteligencia por parte de las Fuerzas Armadas. “Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles”, señalaron distintos expertos de la ONU.

“Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales”, sentenciaron los integrantes de Naciones Unidas en su comunicado.

Senadores aprueban en lo general la Ley de Seguridad Interior, misma que militarizaría el país
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¿Realmente hubo diálogo y discusión alrededor de la Ley de Seguridad Interior?

El pasado 8 de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto pidió al Congreso de la Unión abrir “espacios de diálogo” y “de acercamiento” para discutir y “poder escuchar todas las voces y poder realmente enriquecer lo que eventualmente el Senado esté resolviendo” sobre el proyecto de la Ley de Seguridad Interior aprobado por los diputados. Hay que recordar que, una semana antes, EPN había urgido a los legisladores a aprobar la #LeyGolpista debido a que era una “imperiosa necesidad“. En uno de estos foro, el académico e investigador del CIDE Alejandro Madrazo Lajous advirtió puntualmente sobre los riesgos que la aprobación de este proyecto traería consigo.

El especialista afirmó que la iniciativa le da facultades a las Fuerzas Armadas para autogobernarse sin rendirle cuenta al presidente de la República Mexicana y la posibilidad de instalar un “estado de excepción” sin que los gobiernos estatales y municipales asuman su responsabilidad política en la actual crisis de inseguridad.

Los senadores modificaron nueve, de 34, artículos de la #LeyGolpista, aunque en los sustancial nada cambió, indicaron los expertos. Las propuestas más polémicas de la Ley de Seguridad Interior quedaron intactas.

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La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) compartió un comunicado el miércoles 13 de diciembre en el que denunciaban que las Comisiones Unidas del Senado habían pasado por alto todas las observaciones y advertencias de la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales de derechos humanos y que las modificaciones que los senadores realizaron al dictamen “no resuelven de fondo la falta de controles civiles, transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de las fuerzas armadas en funciones policiales regulares”. AI calificó el diálogo los representantes del Senado con la sociedad como la “crónica de una simulación anunciada“.