Caso de Marco Antonio será tratado como desaparición forzada, se pide justificar trato médico que recibe

Aunque hace unas semanas, cuando recién se dio la desaparición y hallazgo de Marco Antonio Sánchez Flores, las autoridades y parte de la comunidad se dieron a la tarea de revictimizar al joven, ahora la PGR coloca el asunto en su justa dimensión: ya que la investigación que realizó la Procuraduría General de Justicia de la CDMX presenta varias “inconsistencias”, el caso será tratado por la recién creada Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.

Con lo anterior, según señala La Jornada, ya no sólo los involucrados de la policía de la CDMX serán objeto de investigación, sino que el asunto se amplia a agentes y autoridades del Estado de México. Además, se prevé que con el hecho de que el caso sea tomado por la recién creada Fiscalía, las exigencias de familiares y organismos defensores de derechos humanos sean atendidas. Según señaló la PGR en el documento con el que anunció la creación de la fiscalía que dará atención a casos de desapariciones forzadas, ésta tomará en consideración la opinión de expertos independientes de las investigaciones y mantendrá constante intercambio de información y participación con familiares de la víctima.

 

Y, en efecto, unas de las mayores exigencias para este caso es la realización de una investigación independiente, así como contar con supervisión de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional. Además, se ha pedido que se facilite la participación de la familia y equipo de defensa del menor, ya que -por ejemplo- a tres días de vencido el plazo para que la CIDH contara con informes del caso y del estado de salud de Marco Antonio… pues las autoridades se han hecho de la vista gorda y no entregaron nada. “Las acciones de las autoridades se han mantenido en la negativa de reconocer e investigar con el estándar más alto posible este hecho delictivo, reduciéndolo a ‘un error de protocolo’ y ‘abuso de autoridad’”, acusaron organizaciones que asesoran a la familia de Marco Antonio.

A un mes de que este caso fue dado a conocer, evidentemente las investigaciones judiciales no han rendido frutos significativos y, desgraciadamente, parece que la salud del estudiante de preparatoria no presenta avances y, para acabarla de amolar, dentro del hospital sigue su revictimización. Para lo primero, la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y el Instituto de Justicia Procesal Penal ya formaron un equipo de diagnóstico interdisciplinario… y para lo segundo, pues de menos se ha solicitado que las autoridades de los institutos nacionales de Pediatría y de Neurología expliquen con base en qué criterio han decidido amarrar al menor como parte de su tratamiento. “Se le ha mantenido en sujeción a su cama revictimizándolo e ignorando la experiencia que vivió”, denunció el equipo interdisciplinario.

Dado el muy manchado tratamiento que esta recibiendo Marco Antonio, familiares y defensores de éste tuvieron que acudir a un juez federal, quien pidió otorgar al paciente un trato respetuoso de los derechos humanos. Sin embargo, la familia acusa que siguen enfrentando obstáculos para acompañarlo. Y bueno, en lo que respecta a las autoridades capitalinas… ni hablar, no han podido (o querido) otorgar información que ayude a que el menor reciba la atención médica que necesita: “no han podido explicar qué le hicieron en los cinco días que desapareció para presentar un severo cuadro de daño sicológico y posiblemente neurológico”.

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