Un país desaparecido

Por Georgina Ríos Galván

Dedico este texto a quienes estén pasando por el dolor de tener a un ser querido desaparecido. A ustedes, que sufren lo indeseable, les deseo que la vida les alcance para encontrar a sus ausentes. Y a Ángela, cuya verdadera identidad no revelaré por su seguridad, mi más sincero agradecimiento por haberme compartido su historia.

Las personas con seres queridos desaparecidos sobrellevan una tristeza muy particular. Sufren lo que los psicólogos llaman pérdida ambigua: no saben si los suyos murieron, cómo murieron, o si viven, cómo viven. Ésa es la tristeza de Ángela y la causa es su padre, una de las 33,125 personas desaparecidas en el país según el RNPED.

Ángela huyó de Ciudad Mante, Tamaulipas, el estado del que más personas han desaparecido: 5,862. Lo hizo sola, sin su madre y sin sus dos hermanos. Todo inició en un funesto día de 2012 cuando presuntos Zetas se presentaron en el negocio familiar para cobrarles “derecho de piso”. Esto no es novedad: la extorsión es el crimen con la segunda mayor tasa de incidencia delictiva en el país, 24.2% del total de delitos, indica la ENVIPE. En Tamaulipas, la cifra rebasa el 30%. Acordaron cerrarlo temporalmente.

A los pocos días, un vecino les dijo que presuntos Zetas también se presentaron en su negocio a exigir cuota y que, de paso, dejaron un recado para ellos: si no abrían y pagaban lo solicitado, quemarían el lugar. Llenos de temor, reabrieron: 15% de las ganancias semanales se irían a los criminales, quienes después aumentaron la cuota al 20% y finalmente al 30%. Viendo que cumplían con lo que les pedían, llegaron con bolsas de droga y les exigieron venderlas en su local. Entonces la familia decidió cerrar definitivamente. Se mudarían de ciudad y sólo se llevarían pocas pertenencias y papeles importantes.

“Jamás creí que mi vida se volvería parte de las estadísticas de violencia, pensé que eso sólo pasaba en países en guerra. Pero no había remedio, nos teníamos que ir”. Y es que, en ese momento, Ángela y su familia se convertirían en parte de las 90,000 personas que se han visto obligadas a dejar sus comunidades a causa de la violencia, según detalla el informe de la CNDH sobre desplazamiento interno forzado.

El problema era que los documentos de valor catastral y comercial del negocio seguían en el local; dos días antes de irse su papá decidió ir por ellos. “Mi pecho se oprimió. Sentí el impulso de salir corriendo para ver que estuviera bien, pero mi hermano me detuvo”. Pasó una hora, dos, tres. Cayó la noche y su padre no regresó. Apenas salió el sol lo buscaron por todos lados. Nadie lo vio. Entonces fueron al ministerio público a denunciar su desaparición.

Se abrió una carpeta de investigación, aunque sólo daba cuenta de su ausencia. “Nos pidieron probar la extorsión y terminamos por no incluirla en la denuncia. Si de por sí los ministeriales no ayudan, ¿crees que iban a investigar quiénes nos extorsionaban?”. En resumidas palabras, no había delito qué perseguir, sólo se trataba de alguien que no aparecía y bien pudo haber desaparecido por su voluntad, dijeron las autoridades.

Esta brutal indolencia la orilló a participar activamente en la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada y la creación de un sistema de búsqueda de personas verdaderamente eficiente. “Sin un marco legal que respalde nuestra búsqueda y datos fidedignos que den luz sobre el número de personas que no están, de nada servirá el esfuerzo que las familias hemos hecho para visibilizar el problema”.

Mucha razón tiene Ángela cuando piensa esto. Data Cívica indica que las bases de datos del RNPED, por “motivos de seguridad”, no arrojan los nombres completos de las personas reportadas como desaparecidas y ello obstaculiza enormemente cualquier trabajo para localizarlas. Esto, además de deshumanizar su búsqueda, las desaparece doblemente: no sólo hay que enfrentar su ausencia física, sino su ausencia en los registros oficiales que podrían ayudar a esclarecer su paradero. Es la sociedad civil, como Data Cívica, quien lleva los registros más confiables.

La ley puede terminar en letra muerta si no se implementa con un estricto sentido de justicia. Es decir, las autoridades no sólo deben ser sensibles ante el problema sino que deben contar con el presupuesto suficiente para llevar a cabo su trabajo. Requieren capital humano calificado para analizar los datos que ayuden a depurar las investigaciones y, más importante aún, para incorporar a las familias en el proceso de búsqueda, lo cual incluye hacer pública toda la información que consideren pueda conducir a su localización.

A Ángela la quiebra la indiferencia general ante esta gran tragedia nacional. A casi seis años, no han encontrado rastro alguno de su padre. También desde entonces ha vivido en cinco ciudades distintas, incluida la CDMX, y perdido la cuenta de la cantidad de trabajos que ha tenido para sobrevivir. La violencia que azota este país trastocó cada uno de los aspectos de su vida. Dice que hay días en que se despierta, da gracias por seguir viva e intenta vivir bajo esa consigna, pero se ve al espejo y se siente otra persona. “A veces no sé ni por quién llorar, si por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos o por mí, sólo sé que aquí sigo. Nunca dejaré de extrañar nuestra dinámica de antes: familia muégano, que no sabía estar separada. Al principio éramos así, todos siempre juntos. Pero ya ves, poco nos íbamos a imaginar que nos tocaría quedarnos solos”.

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Georgina Ríos Galván es parte de Wikipolítica CDMX, una organización política sin filiaciones partidistas.

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