Yucatán también aprueba dar hasta 5 años de cárcel por “pornovenganza”

El pasado viernes Yucatán se unió a ciudades como Chihuahua, Ciudad de México y Guadalajara al aprobar que la “porno venganza” fuera considerada como delito, con una pena que podría llegar a los cinco años de cárcel.

De acuerdo con La Jornada, los 25 diputados del Congreso del estado aprobaron de forma unánime que el difundir material sexual, erótico o pornográfico sin consentimiento de quien en él aparece, así como amenazar con su difusión, sea castigado con cárcel.

Al respecto, los diputados aclararon los alcances de esta aprobación. “Habrá un plazo considerable para difundir el tema, porque hay que aclarar que no se está sancionando la conducta de tomarse fotos entre parejas, que se conoce como sextingse está penalizando que sin permiso de una de las partes, esas imágenes, videos o sonidos, sean compartidos, incluida la amenaza de ejecutar esta mala práctica”, señalaron.

Las penas para quien incurra en esta práctica podrán ser desde seis meses a cinco años en prisión. Sin embargo, en el caso de que los afectados fueran menores de edad, la penas podría aumentar hasta en la mitad de lo establecido.

La diputada del partido Nueva Alianza, Cindy Santos Remayo, dijo que este dictamen será un “parteaguas” en el país, y que debido a esta labor, que involucró a integrantes de los diferentes partidos en el congreso (PRI, PAN, PRD, Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza) le da una oportunidad a las víctimas de obtener justicia.

Cualquier persona en este Estado que amenace, coaccione, extorsione o vulnere la intimidad de otro, la conozca o no, no será justificado y tendrá una pena“, señaló Santos Remayo.

Estas nuevas medidas entrarán en vigor a partir del 1º de agosto, y tienen como propósito inhibir la práctica de estas conductas que dañan a las personas a nivel psicológico y moral, y que no estaban contempladas por las leyes del estado.

Por otro lado, con las nuevas penalizaciones se quiere evitar el daño psicológico y moral de las personas que podrían ser afectadas por estas prácticas, una protección que hasta hace poco no se tenía en el estado.

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