Senadores presentan impugnación ante la SCJN contra ‘ley chayote’

Este jueves, los senadores Ernesto Ruffo, Martha Tagle y Daniel Ávila presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación -SCJN- en contra de la ya promulgada Ley General de Comunicación Social, es decir “ley chayote”. Dicho documento está respaldado por 51 legisladores más.

Acudieron acompañados por un grupo de abogados y presentaron el escrito en la Oficialía de Partes de la Corte, esperando que sea admitido ya que cuenta con el respaldo necesario para que sea validado.

¿Procederá?

En la Constitución mexicana, las acciones de inconstitucionalidad se pueden promover por minorías parlamentarias siempre y cuando representen al menos el 33% del Pleno.

Y justamente el documento fue firmado por 51 senadores del PAN, PRD y del Partido del Trabajo -PT-, que juntos representan el 39.8% de los 128 legisladores que conforman el Senado.


Lo que están impugnando en general es en general toda la Ley, misma que fue aprobada por el Congreso de la Unión antes del 30 de abril. Se resalta lo que tiene que ver con el “uso discrecional de los recursos públicos para la contratación de medios y de propaganda gubernamental y las facultades discrecionales que le dan a la Secretaría de Gobernación para seguir siendo la que controle la contratación de espacios públicos y para propaganda gubernamental”. 

Recordemos un poco, qué es la ‘Ley Chayote’?

El pasado 11 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expidió la Ley General de Comunicación Social, acto con el que dicha ley entró en vigor.


Tanto organizaciones civiles como medios de comunicación, no estaban de acuerdo con la promulgación de la #LeyChayote argumentando que implicaba una vulneración a la libertad de prensa.

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Dicha promulgación responde a una orden de la Suprema Corte de Justicia, misma que aprobó un proyecto, en noviembre del año pasado, para que el Congreso emitiera una ley que regulara la publicidad oficial. Para ello, tendrían un plazo hasta el 30 de abril de 2018.

Entonces, se buscaba una legislación que obligue al gobierno federal y a los gobiernos estatales a regular la publicidad oficial que se transmite en medios de comunicación con el fin de que no exista un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social.

Sin embargo, el proyecto de ley que fue aprobado por ambas Cámaras del Congreso no tomó en cuenta las recomendaciones que emitieron los medios de comunicación. Así lo refiere el colectivo Medios Libres.


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