Ni fraude ni lavado de dinero contra Guillermo Padrés, pero no saldrá de la cárcel

Este martes, el décimo tribunal colegiado en materia penal con sede en la Ciudad de México, consideró que los recursos que la PGR presentó contra la previa resolución de un juez federal en el caso de Guillermo Padrés, son infundados e inoperantes. 

Y es que el pasado mes de febrero, el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías quedó absuelto de los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero. 

Sin embargo, Padrés va a quedarse en el Reclusorio Oriente ya que tiene encima otro proceso por delito de defraudación fiscal. Al menos hasta que un juzgado del Estado de México dictaminé al respecto.

En el caso del cargo por defraudación fiscal, no se acreditó que la autoridad fiscal haya ejercido las facultades de comprobación que establece en el Código Fiscal de la Federación. Respecto al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el juez estableció que las autoridades no precisaron la manera en que obtuvieron los diversos documentos relacionados con las cuentas bancarias a nombre de Padrés, “por lo que se vulneró el derecho a la intimidad del inculpado al existir intromisión en su vida privada”.

La liberación

Fue el juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, Guillermo Urbina Tanús, quien concedió la libertad al exgobernador por considerar que las acusaciones realizadas por la PGR carecen de elementos e incumplen con las formalidades legales.

Es decir que quedó absuelto de los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal por un monto de 8.8 millones de pesos, lo que habría realizado en 2015.

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Las acusaciones en su contra

En 2016, Padrés estuvo prófugo de la justicia por más de 40 días. Durante ese periodo fue buscado por elementos de la PGR e incluso la Interpol giró una ficha roja para localizarlo.

El 10 de noviembre pidió una entrevista en el noticiario del periodista Ciro Gómez Leyva mencionando que, al final de la misma, se entregaría a un juez para defenderse de las “falsas acusaciones” que pesaban en su contra. Además de que denunció que era sujeto de una “persecución política” que intenta desviar la atención de los escándalos de corrupción en el PRI.

Al exgobernador se le imputan operaciones con uso de recursos de procedencia ilícita por 8.8 millones de dólares… dinero que presuntamente habría sido obtenido mediante “moches” por conceder contratos a un amigo suyo para manufacturar uniformes escolares.

Según investigaciones de la Contraloría General de Sonora, durante el sexenio de Padres existió un desfalco al erario superior a 30 mil millones de pesos. La Comisión Anticorrupción del PAN suspendió sus derechos como militante en octubre de 2016 en medio de las acusaciones.

A Padrés también se le imputa la construcción de una presa en el rancho Pozo Nuevo, que careció de autorización de impacto ambienta  y que después fue dinamitada para presuntamente ocultar su evidencia, así como perdonar a familiares y amigos poco más de mil 500 millones de pesos en impuestos y perforar ilegalmente seis pozos para favorecer sus terrenos, según Milenio.

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