En Guerrero, la situación de los indígenas desplazados de la violencia persiste, a tal grado que algunos grupos han optado por la creación de policías comunitarias. En este contexto, hace un par de días se difundió en redes sociales un video protagonizado por un grupo de niños con armas, quienes enviaron el mensaje de que estaban listos para combatir al crimen organizado. Después, se dio a conocer otro video pero esta vez de mujeres indígenas desplazadas de las comunidades de Chilapa.
Se sabe que este grupo forma parte de la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (PCPF) y se ha organizado para demandar a los tres niveles de gobierno el apoyo y seguridad ante la organización delictiva Los Ardillos.
La violencia y el crimen organizado a orillado a esto a nuestros niños https://t.co/dckhcFWHYZ
— Sopitas (@sopitas) 14 de mayo de 2019
Indígenas desplazados
Además de la denuncia en contra de Los Ardillos —quienes durante cuatro meses han hostigado a los indígenas de las comunidades Chilapa—, el grupo de mujeres —quienes supuestamente son las mamás de los niños que aparecieron en el video de la semana pasada y que anunciaron su adhesión a la policía comunitaria— señaló al gobernador Héctor Astudillo por las omisiones frente al problema y acusaron que sólo se ha dedicado a entregar despensas o colchonetas a los desplazados, pero nada de un apoyo real que garantice su seguridad.
Así que entre sus principales demandas, enunciaron las siguientes:
- La construcción de viviendas.
- La repartición de víveres y medicamentos.
- El equipamiento para la policía indígena comunitaria.
- Uniformes.
- Y una ambulancia.
“Le escribimos al presidente de la República y la Guardia Nacional que dé atención a nuestras demandas… lo que producimos es maíz, frijol y calabaza”, explica una de las mujeres mientras sus compañeras sostienen armas de bajo calibre y escuchan las demandas.
Indígenas desplazadas por la violencia en #Guerrero claman ayuda al gobierno (#Video)https://t.co/X1mSCEvO0d pic.twitter.com/TWW7hWey3I
— Proceso (@revistaproceso) 18 de mayo de 2019
La respuesta de la CNDH
Ante la difusión de los videos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exigió a los gobiernos estatales y federales que garanticen la seguridad y los derechos de los niños en esta zona conocida como el triángulo del narco —Quechultenango, Chilapa y Hueycantenango.
De acuerdo con Proceso, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) se sumó a la denuncia y expuso la problemática en esta región, donde los niños dejan las escuelas para integrarse a los grupos buscadores de vida en fosas clandestinas, otros son reclutados por el crimen organizado y algunos se integran a las policías comunitarias, lo que denota un severo problema en el cual los derechos de los niños y las niñas son violados.
Sin embargo, hasta el momento, el gobierno de Guerrero no ha anunciado un plan para enfrentar esta situación o erradicar el problema de los indígenas desplazados.
**Foto de portada: especial.