El pasado 26 de julio se dieron a conocer las condiciones en las que sufrían los menores que residían en los albergues La Ciudad de los niños, con sedes en Michoacán y Guanajuato. De acuerdo con un informe realizado por el Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, la violencia, los castigos corporales, la tortura, los abusos sexuales y demás irregularidades estaban a la orden del día en aquel lugar. Dentro de este caso sobresale la figura del sacerdote Pedro Gutiérrez, conocido entre sus víctimas como El Castigador, debido a las vejaciones, sometimientos y otros tratos que, junto con sus cómplices, perpetró en contra de decenas de menores durante varios años. Por si fuera poco, el cura Gutiérrez Farías, fundador de la casa hogar, registró con sus apellidos —y los de religiosas de la congregación “Cooperadoras de la Sagrada Familia”— a 171 menores con la anuencia de oficiales del Registro Civil.
El padre Pedro Gutiérrez pudo llevar a cabo estas acciones a pesar de que este tipo de adopciones fuera ilegal, según el código penal de Guanajuato. La ley guanajuatense considera tal acto como usurpación de filiación. Esta pequeña postal ejemplifica la impunidad sobre la que se movía el religioso también conocido con el mote de Papi. De acuerdo con el reporte de NIMA, el clérigo realizaba reuniones en las que ofrecía a adolescentes a sus amistades para explotarlas sexualmente. También existe la posibilidad de que haya aprobado adopciones irregulares para beneficiar a estadounidenses y canadienses a cambio de fuertes sumas de dinero. En las violaciones a derechos humanos de los menores se presume que también participaban las madres Hortensia Jiménez, María García, Xóchitl Chávez, Esmeralda de Jesús Suárez y sus colaboradores Mauricio Rafael Ruíz, Ramiro Cortez y Leandro Martín Bermúdez.
El calvario de la Ciudad de los Niños ha sido posible gracias a las omisiones del gobierno de Guanajuato, encabezado por Miguel Márquez Márquez —quien a raíz del destape de la cloaca ha indicado que no se deben fabricar ni solapar “posibles culpables“—, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Procuraduría de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. A esto hay que sumarle el apoyo que el albergue del sacerdote Gutiérrez Farías tenía de algunos políticos de primer nivel. El periódico La Jornada señala que el cura es cercano al presidenciable Juan Carlos Romero Hicks y al expresidente Vicente Fox Quesada, quien en noviembre de 2016 acudió a la inauguración de La Ciudad Juvenil, en Michoacán, una nueva casa del religioso.
La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación para verificar si los presuntos actos de violencia sexual, física y psicológica contra los menores de edad en los dos albergues configuran delitos del orden federal y, en ese caso, atraerlos y proceder legalmente contra los responsables; las víctimas siguen albergadas en estos centros asistenciales y su atención es supervisada por el DIF estatal. El pasado 19 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tomó el caso de las niñas, niños y adolescentes que probablemente han sido víctimas de abusos físicos y sexuales en La Ciudad de Los Niños y Ciudad Juvenil. De acuerdo con el portal Zona Franca, el abogado del padre Gutiérrez Farías indicó que el sacerdote está “muy dañado”, “físicamente se siente abatido” y que “no puede concebir todo lo que están diciendo en su contra“.