Lo que necesitas saber:
Marion Reimers llevó su caso ante la ONU para exigir que se cumpla con el fallo.
Marion Reimers lleva más de 15 años soportando los constantes ataques en su contra. Es cierto que su trabajo puede no gustarle a todo el mundo, pero la realidad es que gran parte de esos ataques se traducen en amenazas, intimidación y acoso, que nada tienen que ver con su labor como narradora o comunicadora.
Y aunque consiguió una sentencia histórica en la que se ordenó integrarla al Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, hasta el momento eso no ha sucedido.
Marion Reimers inicia un proceso legal
Marion Reimers explicó que los ataques en su contra han ido desde lo digital hasta lo físico, afectando su carrera profesional y claro, a nivel personal, por lo que fue necesario solicitar protección al Estado.
La idea principal es que todas las amenazas en su contra fueran constantemente rastreadas, documentadas y las cuentas fueran denunciadas. Lamentablemente, poco se ha hecho para garantizar su seguridad.
Uno de los problemas que más ha enfrentado Marion, es que no se considera ‘tan grave’ la violencia digital como la física. Sin embargo, hemos visto varios casos en el futbol femenil en los que la violencia digital escala hasta la física. La autoridad no debería esperar hasta que eso suceda para prestar atención al caso.
“La muerte reputacional y la dilapidación del prestigio de las mujeres que nos encontramos en la esfera pública es también una forma de silenciamiento”. Dijo Reimers.
Y ya que las autoridades no han sido capaces de cumplir con la sentencia que se ordenó hace cuatro años, Marion inició un proceso legal para exigir que la ley cumpla con su deber.
El abogado José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Perteneces A.C., dijo que: “el caso de Marion es histórico, al ser la primera periodista en México que obtiene una sentencia de esta naturaleza, pero la autoridad la ha desacatado”.
¿Y por qué es histórica la sentencia? Bueno, porque el caso de Marion sienta un precedente claro para garantizar la seguridad de las y los periodistas. En caso de que sufran ataques digitales graves, el Estado tiene la obligación de protegerlos y ni minimizar la situación solo porque no son ataques físicos.
