Por Diego Castañeda
Con la llegada del nuevo gobierno y su compromiso de reestructurar el gasto para destinar una mayor cantidad de recursos a inversión pública y programas sociales, al mismo tiempo que se pretende al menos de inicio cumplir la promesa de implementar nuevos impuestos, hace evidente que en alguna medida se tendrán que enfrentar los componentes de gasto crecientes, las pensiones, el servicio de la deuda y el gasto federalizado, en específico las participaciones federales que reciben las entidades federativas.
Esto último es quizá una de las áreas más prometedoras de cambio en lo que se refiere al uso de recursos públicos, su impacto y la forma en que puede mejorar la calidad de los gobiernos estatales y locales. Hoy en día las entidades federativas tienen una dependencia poco saludable del dinero que reciben de la federación. La mayoría de los estados tiene proporciones demasiado elevadas respecto a lo que representan esos recursos frente a sus ingresos totales. Por poner ejemplos concretos, la mayoría de los estados dependen en más de 80 por ciento de lo que la federación les manda, como Michoacán que depende en un 93 por ciento, Chiapas en un 92 por ciento, San Luis en un 91 por ciento e incluso estados usualmente considerados como ejemplares, como Querétaro, tienen dependencias en un 85 por ciento, Nuevo León en 70 por ciento o Aguascalientes en un 84 por ciento. De entre todas las entidades federativas sólo la Ciudad de México genera más ingresos propios que los que recibe, alrededor del 54 por ciento.
En la siguiente gráfica podemos observar lo anterior de otra forma, como el porcentaje que generan de sus propios ingresos. Algo que nos deja ver esta gráfica es que parece que la tarea de los gobernadores fuera casi únicamente gastar sin preocuparse de conseguir lo que gastan.
Esta dependencia es particularmente dañina para la relación entre los gobiernos locales y sus gobernados. En la medida que los gobernadores y los presidentes municipales no asumen el costo político de sus decisiones de recaudación y de gasto se vuelve más fácil que la rendición de cuentas sea un tema de menor interés para las personas. Pone un incentivo muy fuerte en estos gobiernos a ser irresponsables.
Para combatir las desigualdades regionales es importante atender este tema y encontrar mecanismos por medio de los que los gobiernos estatales y municipales se vean obligados a recaudar más recursos de forma más transparente y eficiente. Una forma de hacer esto es condicionar de alguna forma el acceso a parte de los recursos federales a metas de recaudación, quizá modificando las fórmulas con las que éstos se reparten para incorporar variables adicionales.
En el rediseño del gasto federalizado existe un área de oportunidad enorme para la próxima administración de López Obrador: puede liberar más recursos para que se destinen a gasto productivo, puede ayudar a sanear las finanzas públicas de las entidades federativas y darles mayor capacidad de inversión en las necesidades de la población y al mismo tiempo restablecer una conexión entre los que gobiernan y sus gobernados.
Entre los países de la OCDE, México es uno de los que tienen menores tasas de recaudación de impuestos que son eminentemente locales como el predial, mientras México recauda en su conjunto apenas entre 2 y 4 décimas de punto de PIB, la media de los países del grupo es de casi 2 puntos del PIB. Impulsar la recaudación de esta forma no sería trivial, sería una fuente importante de despresurización para el espacio fiscal del país en la medida que estos recursos a lo largo del tiempo se vuelvan sustitutos de algunos de los rubros que hoy son cubiertos por la federación y, sobre todo, complementos importantes a los programas de gasto federales. Le daría a los gobernantes locales una mayor capacidad de hacer política pública desde sus estados y municipios.
En días pasados el que será el próximo secretario de hacienda y crédito público ha señalado la problemática de las fórmulas de repartición en algunos rubros del gasto federalizado (los fondos federales como el 28 de aportaciones y el 33 de participaciones) y la necesidad de erradicar otros como el infame fondo de los “moches”, el ramo 23. En parte estas declaraciones deben venir del proceso de rediseño del presupuesto y la necesidad de encontrar espacios de ajuste, pero además señalan una oportunidad valiosa para sanear las finanzas públicas y generar mejor gobiernos.
En la medida en que el rediseño del presupuesto federal contempla incentivar la generación de recursos propios en los presupuestos estatales podríamos observar un círculo virtuoso en que el combate a la desigualdad entre personas y a nivel regional comience a tomar mucha importancia, inclusive en las agendas locales. Cosas muy buenas podrían desprenderse de todo esto.
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Diego Castañeda es economista por la University of London.
Twitter: @diegocastaneda