Los despidos laborales, no le vienen bien a nadie, pero hay quienes se dejan llevar por el rencor y las cosas terminan muy mal. Una mujer de 50 años, luego de ser despedida, dedicó su tiempo libre a insertar agujas en las fresas de una de las principales granjas distribuidoras en Oceanía, poniendo a Australia y Nueva Zelanda a temblar por las fresas envenenadas, que han dejado más de dos docena de personas hospitalizadas.
My Ut Trinh, había trabajado como supervisora en una granja de fresas al norte de Brisbane, capital de Queensland, pero cuando le anunciaron que dejaría de trabajar en el lugar, creó un plan maquiavélico para poner en aprietos financieros a la compañía, sin tener en cuenta que estaba poniendo en riesgo la salud de todos los habitantes del país.
Los primeros casos se dieron durante septiembre de 2018 Queensland, había un común denominador en los hospitales, decenas de personas que se quejaban de fuertes dolores de estómago, tras haber comido fresas, además de que la policía había recibido 186 reportes de personas que habían encontrado agujas en algunas fresas, sin duda alguna, algo estaba pasando.
Luego de una extensa investigación, el ADN de Trinh fue hallado en uno de los huertos de la granja por lo que su detención era inminente, el domingo 11 de noviembre de 2018. La policía, emitió una alerta nacional en la mancomunidad australiana: ¡la mujer había pasado meses introduciendo objetos metálicos dentro de los frutos!
El miedo “sin precedentes”por consumir alguna de las fresas envenenadas, se extendió hasta Nueva Zelanda, donde también tuvieron que emitir una alerta sanitaria, para evitar el consumo de fresas.
Todos los granjeros australianos cuya actividad principal es el cultivo y venta de fresas, se vieron obligados a desechar toneladas de frutas, lo mismo pasó en los supermercados, toneladas de frutas terminaron en la basura. El gobierno de Australia, ofreció 719 mil dólares para apoyar a los granjeros afectados, una bicoca a comparación de los 93 millones que suele generar la industria.
A My Ut Trinh, le esperan de 10 a 15 años de prisión, la condena máxima por alteración de frutas. La magistrada Christine Roney, afirmó que la existe “la hipótesis de que el motivo fue por algún tipo de rencor o venganza”.
Por su parte, el superintendente de la policía de Queensland, Jon Wacker, describió el lunes el caso como una “investigación única que impactaba prácticamente a cada estado y jurisdicción en Australia”.
Las autoridades han ofrecido una recompensa de 72 mil dólares a quien tenga mayor información de los hechos o si se sabe de uno o más culpables. Por que dicen, aún queda mucho por investigar.