A 365 días de los sismos de septiembre, apenas comienza a verse activo el dinero de los fondos públicos del fideicomiso de reconstrucción. Algunos edificios ya empezaron el proceso, otros están empezando a recibir prerrogativas y algunos más están en la lista para arreglar —relativamente pronto— el asunto. La cosa es que no llegamos a este punto sin una larga batalla y con una tradicional historia de opacidad. 

¿Por dónde empezar?

Corría noviembre cuando el gobierno capitalino presentó su propuesta para la reconstrucción. Las autoridades de la CDMX informaron que ofrecerían créditos a todos los damnificados.

Miguel Ángel Mancera y Meade —todavía como secretario de Hacienda— anunciaban en una conferencia de prensa del 7 de noviembre hasta cómo iban a funcionar los créditos. Según esto, las personas no pagarían ni el enganche, ni el capital; eso sí, los damnificados pagarían los intereses mensuales. Claro, dependiendo la situación podrías pagar 5, 10, 15 o 20 años.

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Demolición concluida en Sonora 149 // Foto: Max Carranza

Cómo estaría la cosa que Proceso publicaba un reportaje titulado “El plan de reconstrucción que endeudará a los damnificados”. Al final, la idea de los créditos no terminó por cuajar. 

Matías Miguens, Director de Comunicaciones de Techo México explicaba como lograron los damnificados evitar los créditos: “La voz de la gente damnificada fue escuchada pero no al primer llamado. Tuvieron que luchar, marcharon, tuvieron que ejercer presión”.

Y ahora sí, arrancó el fideicomiso

Para este ejemplo solo hablemos de cómo lograrían obtener el dinero las construcciones multifamiliares, o sea, los edificios. Y vale la pena la explicación porque mira que se las hacen complicada.

El dinero para la Ciudad de México sale del FONADEN y “termina” en el Fideicomiso Público para la Reconstrucción y Rehabilitación de Vivienda de Uso Multifamiliar. Es aquí donde la Comisión de Reconstrucción decide cómo se van a gastar esos recursos.

Terminando las elecciones, 47 edificios estaban luchando por entrar en la lista y que la Comisión aceptara “darles” los recursos.

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Demolición concluida y reparación de edificio aledaño en Ámsterdam 107 // Foto: Max Carranza

Acá es cuando se pone bueno: cada edificio tiene que nombrar un administrador y reconocerlo legalmente ante la Procuraduría Social de la CDMX. Luego, deben formar un comité de vigilancia para que sirvan como auditores. También, tienen que crear una cuenta mancomunada —con el administrador como titular— para ahí poder recibir el dinero.

A eso súmenle que tienen que armar un proyecto ejecutivo, con presupuesto, catálogo de conceptos y programa de trabajo para que la Comisión de Reconstrucción acepte el monto. Si lo autoriza, la cuenta recibirá el monto y cada comité vecinal tendrá que pagarle a las constructoras por su cuenta.  

Peeeeeeeeero…

Sí, siempre hay un pero. Las autoridades le piden organización legal a los damnificados, sin embargo son las mismas autoridades quienes no han comprobado más del 95% de los recursos que se han gastado. 

La investigación que detallaba la opacidad o la falta de certeza por parte de las autoridades mexicanas fue publicada en julio 27 de 2018, por la asociación Nosotrxs CDMX.

Como ya pasaron unas semanas desde aquella publicación —y ya hay más recursos entregados—, platicamos con Vania Salgado, coordinadora de Reconstrucción Transparente de Nosotrxs CDMX e integrante de Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, para ver cómo había avanzado la situación. 

“Hasta el momento no se ha publicado cómo se ha ejercido y la plataforma de reconstrucción, el portal que está abierto al público, solamente informa las autorizaciones y eso es muy diferente. Que la Comisión haya autorizado 6mil 800 millones de pesos en 39 acciones distintas no significa que esos recursos sí se estén ejerciendo”, explicaba Salgado.

¿Entonces?

En un pequeño resumen: los damnificados tuvieron serias complicaciones para obtener acceso al Fideicomiso. Cuando lo lograron, las trabas burocráticas han hecho más difícil el avance y —si faltaba algo más— de lo que se ha gastado, más del 95% no se ha comprobado.

¡Cierto! ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? En el ejercicio fiscal del 2017 se aprobaron 2 mil 500 millones de pesos, en el ejercicio del 2018 se aprobaron 8 mil 700 millones. Además, a finales de julio se aprobaron otros 2 mil 500 millones de pesos por la Secretaría de Finanzas.

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