Han pasado 50 años desde que aquel 2 de octubre de 1968 la Plaza de las Tres Culturas se tiñó de rojo. La desafortunada Operación Galeana tenía como objetivo un despliegue militar para “dispersar” a los “huelguistas” de Tlatelolco y capturar a los líderes estudiantiles del Consejo Nacional de Huelga (CNH), sin embargo terminó en la masacre de un número aún indefinido de estudiantes.
El gobierno estaba nervioso y ansioso por calmar las aguas en el marco de los Juegos Olímpicos y desde la cúpula consideraron que encarcelar a los líderes terminaría dispersando la situación por la que luchaban los jóvenes.
Justo un día antes de esta terrible tarde, el ejército había salido de los campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El 2 de octubre miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.
Casi iban a dar las 6 de la tarde, el mitin estaba a nada de terminar. Como ya todos sabemos, un helicóptero sobrevoló la plaza, se dispararon bengalas y los francotiradores del Batallón Olimpia comenzaron a disparar desde el edificio Chihuahua -en donde estaban los líderes estudiantiles- en contra de los manifestantes y militares que “resguardaban” la protesta.
Y listo, el pretexto perfecto para “defenderse y repeler la agresión”. Las balas ya no iban contra los atacantes, sino contra todo aquel que estuviera en la plaza. A pesar de que algunos se refugiaron en los edificios cercanos, el ejército entró en todos los departamentos sin una orden judicial para capturar a todos los manifestantes
¿El saldo oficial? 26 muertos -4 mujeres y 1 soldado-, así como mil 043 detenidos y 100 heridos….
50 años después, ¿en qué ha avanzado el caso?
A pesar de todo lo que ocurrió, en México las primeras organizaciones de la sociedad civil que aparecieron con el objetivo de la promoción de los derechos humanos lo hicieron hasta principios de los 80’s.
Fue hasta el gobierno del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) cuando se invitó por primera vez a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a visitar al país.
En el 2000, se firmó el Estatuto de Roma, mismo que fue el origen del establecimiento de la Corte Penal Internacional con lo que lo individuos, y ya no solo los estados, podían ser juzgados por violaciones masivas a los derechos humanos.
Sin embargo, a pesar de que literalmente el concepto de derechos humanos llegó al país muy tarde, fue hasta el 2002 cuando se creó la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP).
Esta tenía como objetivo la investigación y el correspondiente juicio de los responsables de los crímenes que se cometieron el 2 de octubre. Pero como casi nunca pasa en México sarcasmo a pesar de que dicha Fiscalía estuvo trabajando más de 5 años, no se logró que se procesara a ninguno de los “presuntos” responsables ni de la Masacre de Tlatelolco ni de las represiones anteriores o posteriores.
En 1993, cuando se conmemoraban los 25 años de la matanza, un grupo de activistas e intelectuales integraron una Comisión de la Verdad Independiente. Solicitaron al gobierno en turno que se abrieran los archivos públicos y privados de las personas que estuvieron vinculadas a ese trágico día, sin embargo como rara vez pasa, no tuvieron respuesta.
A pesar de que no lograron una conclusión definitiva del todo el caso, atribuyeron la responsabilidad intelectual de la represión al expresidente Gustavo Díaz Ordaz.
Cinco años después, en 1998, en la Cámara de Diputados se creó la Comisión Especial Investigadora de 1968. Como las anteriores, tenía el objetivo de poner fin a la impunidad y esclarecer los hechos, pero como hubo “falta de acceso a la información”, no hubo resultados “concluyentes”. De nuevo.
Justamente el 2 de abril del 98, un grupo de exdirigentes del movimiento estudiantil presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia por los hechos de Tlatelolco acusando de genocidio ¿La respuesta? que se habían tardado 30 años en hacerlo por lo que la investigación no podía proceder.
Más tarde, en noviembre de 2001 la CNDH emitió una recomendación al Presidente para asumir un “compromiso ético y político” designando a un fiscal especial que se hiciera cargo de la investigación. Ese mismo año se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Federales cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP).
De la mano, se creó un Comité de apoyo integrado por ciudadanos, así como un comité interdisciplinario que presentara propuestas para determinar la forma en que se podrían brindar reparaciones administrativas justas a las víctimas y ofendidos.
Para lograr todo eso se establecieron dos líneas de investigación. Por la vía jurídica para obtener justicia y consignar a los responsables ante un juez, y por la vía histórica para que se buscara la verdad y se interpretaran.
A pesar de todo, la FEMOSPP desapareció en 27 de marzo de 2007.
Lo que sí pasó, es que el 20 de diciembre de 2011 se reformó la Ley sobre el Escudo, Bandera y el Himno Nacional para que el 2 de octubre de cada año sea día de luto nacional en memoria de las víctimas.
50 años después, “fue un crimen de estado“
Como les informamos, el pasado 25 de septiembre, la Secretaría de Gobernación (Segob) mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), reconoció que la represión de 1968 y el 2 de octubre fue un crimen de estado.
“El Estado usó la represión. Fue un crimen de Estado porque este empleó francotiradores que dispararon para generar caos, terror y una narrativa oficial para criminalizar la protesta y continuó más allá de las detenciones arbitrarias y tortura”, afirmó Jaime Rochín, titular de la CEAV en el Coloquio Internacional de Ciudadanías en Movimiento M68.
Tuvo que pasar casi medio siglo, pero por fin una dependencia gubernamental declaró que esto fue un crimen de estado https://t.co/2QJVqZb7GJ
— Sopitas (@sopitas) 25 de septiembre de 2018
El objetivo de que se reconociera este hecho es trabajar en la primera reparación colectiva sobre este hecho. En el documento de la investigación histórica de tooodo lo que ha hecho, se menciona que es importante que el gobierno reparte los daños de las siguientes maneras:
- “El reconocimiento de que las acciones del gobierno tuvieron una serie de impactos y daños en el ámbito individual, pero también en el colectivo” ya que se estigmatizó la identidad de los estudiantes por su ideología.
- “La implementación de medidas de satisfacción de carácter colectivo”, mediante: La iniciativa M6. Ciudadanías en Movimiento.
- “Una reparación simbólica colectiva que servirá de soporte a la reflexión, información y memoria mediante la Intervención Tlatelolco 68-18: Monumento a la ausencia”.
- “El derecho a conocer la verdad sobre los hechos ocurridos hace cincuenta años”.
Y sobre el último punto, aún queda el tema de la rendición de cuentas por parte de Luis Echeverría, expresidente de México y durante la gestión de Díaz Ordaz, secretario de Gobernación, y los distintos entes que participaron en las maniobras del entonces gobierno federal, en 1968, en contra del movimiento estudiantil.
¿Pasará como en las veces anteriores y la “falta de información” terminará con una investigación “inconclusa”? Hasta la fecha, no se sabe exactamente cuántas personas murieron o desaparecieron en este “incidente penoso”.
*Con información de UNAM y CEAV