México pasó por un agitado escenario político este 2014. Entre la aprobación de la leyes secundarias de reforma energética (ahora inútil frente a la caída del petróleo y del peso), los violentos hechos ocurridos en Iguala y Tlatlaya, la reforma del IPN y las numerosas protestas por el retroceso en seguridad y el estancamiento económico, México se mantuvo en el ojo de la prensa internacional y no precisamente por lo mejores motivos. Acá te dejamos un resumen de los 8 eventos que más impactaron al país en este 2014.
Reforma energética
Aunque en 2013 tuvo lugar la reforma constitucional en materia energética, fue en 2014 que las leyes secundarias tomaron forma. Si las modificaciones a la constitución habían convertido los asuntos de petróleo y gas en México en campos abiertos a la inversión extranjera y sobre los que el presidente tendría un poder de decisión realmente excesivo, las leyes redactadas discutidas y aprobadas este año resultaron aún más polémicas al permitir medidas tales como la “ocupación legal”, es decir, es uso de la tierra privada o comunal para la explotación por parte del Estado y empresas privadas bajo esquemas de indemnización realmente inconvenientes para los afectados.
Si bien, los legisladores evitaron considerar la expropiación, sí introdujeron la figura de “servidumbre legal”: la idea básica es que si un propietario se niega a ceder su tierra para la ocupación temporal, el gobierno estará facultado para tomarla sin consentimiento y cederla a alguna empresa sin importar la afección a las actividades que se realizaran en ella, lo que representa un peligro para la agricultura entre otras actividades.
Además, los legisladores transfirieron la deuda laboral de Pemex y CFE a la ciudadanía, declarando pública la responsabilidad de cubrir un monto de 1 billón 600 mil millones de pesos, nada menos que el doble de la deuda que adquirimos para rescatar la banca con el Fobaproa. La reforma también contempla el uso de técnicas de explotación prohibidas o altamente reguladas en otros países por los peligros ecológicos que conllevan.
Caída del peso
Si bien, la reforma energética le valió al gobierno de Peña cierta aprobación internacional durante el primer semestre del año, lo cierto es que esta estrategia económica resultaba riesgosa: apostaba todo a un producto de precio volátil como el petróleo y buscaba atraer a las empresas extranjeras con jugosas facilidades que, con todo, dependían de que los hidrocarburos tuvieran un precio alto. La situación se vino abajo cuando, durante los últimos meses del año, Estados Unidos logró una producción imprevista de petróleo muy alta, al tiempo que China anunciaba que consumiría mucho menos este producto en los años futuros.
El exceso de oferta y la falta de demanda generaron una caída precipitosa del precio del crudo y, con ello, una caída en picada de las expectativas de crecimiento para nuestro país, que todavía depende en gran medida de la venta de crudo. Esta situación se ha visto reflejada en una caída del peso frente al dólar. Si bien, esa caída es controlada por el gobierno, que apuesta ahora por el abaratamiento de productos locales y el encarecimiento de los extranjeros, también refleja la incapacidad de la administración para sacarnos de un estancamiento económico cada vez más profundo.
Trabajos sexuales al interior del PRI
El país entero se indignó cuando en abril se dio a conocer la existencia de una red de explotación sexual al interior del PRI del Distrito Federal. El dirigente local, Cuauhtémoc Gutiérrez, encabezaba un negocio que funcionaba con jóvenes reclutadas entre los 18 y los 32 años de edad. Cada semana recibían un pago a cambio de moverse con discreción, usar faldas cortas y servir a los deseos de hombres adinerados relacionados con el priista. Además, el negocio recibía también fuertes inyecciones de la Secretaría de Finanzas del PRI, a cargo de Roberto Zamorano Pineda, quien administra los recursos públicos otorgados al partido. Gutiérrez fue obligado a renunciar pero nada mucho más grave que eso. Actualmente existe sólo una denuncia en contra del expresidente del PRI DF y el Instituto Electoral capitalino se encuentra investigando si las instalaciones del partido fueron utilizadas para la red.
Tlatlaya
Tanto Squire como AP publicaron este año investigaciones basadas en dos testimonios que daban cuenta de una masacre que miembros del ejército cometieran contra 22 presuntos miembros del crimen organizado aun cuando ya habían bajado las armas tras rendirse. Los hechos, más tarde confirmados por las agencias de investigación mexicanas, por la PGR y por el ejército mexicano, tuvieron lugar en las inmediaciones de Tlatlaya, Estado de México. La polémica desatada tras el arresto de los oficiales y soldados que participaron en los hechos dividió a la sociedad civil: mientras algunos argumentaban que el respeto al derecho es una máxima que el gobierno y las instituciones deben respetar en todo momento, otros afirmaban que las condiciones laborales de los elementos de seguridad del país no son lo suficientemente efectivas para protegerlos de los peligros a los que se enfrentan, de suerte que no tenían más remedio que asesinar a los criminales. Aunque el gobierno defendió el primer argumento, lo cierto es que el caso reveló una crisis de derecho y de autoridad al interior de los órganos de seguridad.
Ayotzinapa
El 26 de septiembre, la policía de Iguala, en conjunto con elementos de la de Cocula, en Guerrero, abrieron fuego contra estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, quienes buscaban tomar un autobús para dirigirse a Chilpancingo. El saldo fue de seis muertos y 43 estudiantes desaparecidos. No tomó mucho tiempo descubrir que los elementos de seguridad habían actuado bajo el mando del presidente de Iguala, José Luis Abarca, coludido con los Guerreros Unidos, uno de los grupos de crimen organizado de la región.
La falta de eficiencia en la resolución del caso por parte de todas las esferas de gobierno, así como la irrefutable evidencia de que los cárteles de delincuencia organizada han penetrado profundamente en las diferentes administraciones del país dejaron claro que México atraviesa su peor crisis de derecho desde el 68. El país fue testigo de unas de las protestas más nutridas en su historia que tuvo numerosos ecos en las principales capitales del mundo. Más tarde, la PGR daría a conocer su versión, según la cual, los 43 desaparecidos habrían sido quemados en un basurero en Cocula. Las manifestaciones continúan y el mundo sigue exigiendo justicia por Ayotzinapa.
La Casa Blanca de Angélica Rivera y el Grupo Higa
Este noviembre, en medio de las manifestaciones por Ayotzinapa y Tlatlaya, una investigación emprendida por el grupo de periodistas a cargo de Carmen Aristegui sacó a la luz la existencia de una casa en Lomas de Chapultepec valuada en 7 millones de dólares en Sierra Gorda #150 a nombre de Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto. La casa, registrada por el Grupo Higa, constructora beneficiada por Peña cuando cuando fue gobernador del Estado de México y que, junto a una empresa china, encabezaría la construcción de un tren de alta velocidad de México a Querétaro, significó para muchos uno de los actos de corrupción más evidentes por parte de la pareja presidencial. Para limpiar su nombre, el presidente canceló la licitación del tren, afectando a la empresa asiática, a la que debe subsidiar por una cantidad aún mayor que el precio de la casa. Tal pago se realizará con fondos públicos. El Grupo Higa aún tiene a su cargo numerosos proyectos en el país.
Movimiento estudiantil del IPN
Tras mucho tiempo de descontento administrativo en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), un movimiento conformado por estudiantes, académicos y trabajadores de esta casa de estudios buscó la revocación de un nuevo reglamento y de un grupo de planes de estudios de diferentes escuelas que, como argumentaron, buscaba aumentar la carga técnica y disminuir el nivel universitario. Tras 67 días de paro escolar, los estudiantes mostraron una disposición que, según revelan hoy las encuestas, fue respaldada por la mayoría de los mexicanos para lograr una de las transformaciones más profundas en la historia politécnica. Se logró la reasignación del presupuesto de las pensiones vitalicias de los ex directores a las necesidades de la propia institución, contar con un cuerpo de seguridad propio, aumentar la transparencia administrativa, multar el porrismo, incrementar los recursos asignados a la casa de estudios y realizar una reestructuración profunda del IPN a través de un próximo Congreso Politécnico.
Conflicto en Michoacán
La región guerrerense y michoacana de Tierra Caliente es una de las más peligrosas del país. Ahí, el poder de la autoridad se confunde con mucha facilidad con el del crimen organizado. Cuando la lucha territorial entre los Caballeros Templarios y otros grupos delictivos de la región aumentaron, el gobierno federal decidió tomar cartas en el asunto. Tras dos cambios de gobernador por motivos de alianza con el crimen organizado y tras las dudosas acciones de un comisionado de seguridad, Michoacán cierra el año en una situación no mucho mejor a esa con la que abrió.
Aunque en esta región los grupos de autodefensa fueron legalizados para convertirse en las flamantes fuerzas rurales, la coordinación de éstos con el crimen organizado sigue siendo un tema a resolver. Por su parte, Hipólito Mora, líder de una sección no regulada de las defensas autónomas, ha denunciado continuamente la farsa que ante sus ojos resulta la intervención de la administración de Peña en la región. En efecto, los números de la violencia no han disminuido y, aun desde sus escondrijos, Servando Gómez “La Tuta” continúa comandando a los templarios y manipulando su imagen mediática.