El Pacto de Caballeros es una de esa leyes que existen en el futbol mexicano pero sólo busca que los jerarcas del balompié nacional ganen, siendo ellos mismos quienes lo echaron a andar desde hace más de 10 años, con el fin de proteger su inversión en la formación y/o captación de jugadores.
La sinopsis de esta pseudoley es sencilla. Este “pacto de bandoleros”, refrendado de manera verbal por los dueños de los equipos de la Primera División Mexicana, se lleva a cabo con una naturalidad que llega a ser escalofriante y que, por increíble que parezca, hace oídos sordos a la normativa FIFA, ya que el futbolista no queda en libertad absoluta cuando termina su contrato, como lo señala el Artículo 18, fracción tercera del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores del máximo regente del futbol mundial, sino que está a expensas de que el equipo al que pertenecía, reciba una oferta agradable a su bolsillo.
Este acuerdo, que realmente no existe, se sella de palabra por el bienestar del deportista, de no quedar fuera de la Liga en México, del representante que tiene una mina de oro que no va a parar de moverse y de los clubes que jamás pierden. Es así, que si un jugador quisiera quedar totalmente libre, su única opción sería irse al extranjero, a un futbol en el que seguro no ganará más que aquí, es por eso que muchos prefieren hacer oídos sordos.
De esta manera, en México existe una barrera insalvable para el futbolista. Una especie de esclavitud de la que, en el mejor de los casos, siempre y cuando reciba ofertas sólo queda huír, tal fue el caso de Gerardo Torrado, que puso mar de por medio y se fue a la Liga Española. Eso sí, cinco años después, cuando intentó volver a jugar a aquí, apareció Pumas para reclamar los gastos de formación.
Debido a esto, y tal como se hizo con el IVA en los espectáculos deportivos y la propuesta para erradicar la violencia en los estadios, la diputada Claudia Delgadillo González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ahora es la encargada de presentar una iniciativa en la que se busca terminar con el Pacto de Caballeros, esto cambiaría el artículo 295 de la Ley Federal del Trabajo.
Los dueños de los equipos, integrados a la FMF , han venido implementado una regla no escrita llamada Pacto de Caballeros que deriva en perjuicio de los jugadores profesionales, ya que con ese pacto de no cumplirse un jugador no podrá contratarse en otro equipo que requiera sus servicios. El fundamento de este pacto no escrito es meramente económico. Los jerarcas del balompié nacional lo echaron a andar desde hace más de 10 años, con el fin de proteger su inversión en la formación y contratación de sus jugadores.
La ley es muy clara, se deberá castigar severamente, cualquier acto de concentración o acaparamiento en materia económica y las autoridades aplicaran la ley con toda eficacia. En este entendido, el llamado ‘Pacto de Caballeros’ puede consentir un acto monopólico puesto que coartan la libre competencia entre los empresarios de fútbol, sobre todo porque cualquier arreglo entre competidores para sacar ventaja en las condiciones del mercado, está prohibido, además de que se atenta contra derechos fundamentales de los jugadores, al quitarles el derecho a una libre contratación
La FIFA se hace el sordo en México
Tal y como lo marca la normativa FIFA que defiende la libertad de los jugadores para escoger la mejor oferta de trabajo: Un jugador profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club si su contrato con el club actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses. Cualquier violación de esta disposición estará sujeta a las sanciones pertinentes, pero la misma regla también dice que las organizaciones nacionales, léase Liga Bancomer MX, tienen libertad para crear sus propios reglamentos. Así en el futbol mexicano se vive en una incongruencia constante. Entre lo que es prohibido y lo que está permitido, es por eso que no se llega a un acuerdo por escrito pero todos los jugadores lo saben desde que se adentran en el mundo del balompié.