¿Promesas que no se podrán cumplir? Pues eso lo veremos en unos meses, por lo pronto, el próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, ya se echó el paquetote de dar una respuesta satisfactoria a uno de los casos que más ha cimbrado a la sociedad mexicana: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ahora que los padres de los estudiantes desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014 acusan que el gobierno de EPN hace lo posible por evitar esclarecer el caso, el exjefe del gobierno capitalino se reunió con los familiares de las víctimas y les prometió esclarecer los hechos. Esto según el representante legal de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales.
Según el integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaño Tlachinollan, ya son varias las reuniones que Alejandro Encinas y los familiares de las víctimas y, aunque se comprometió a dar respuestas, reconoció que el asunto no será fácil: habrá “obstáculos institucionales (…) Ejército y la Policía Federal, que están involucrados en los hechos. Superarlos será la prueba de fuego del gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, señaló para La Jornada.
Las reuniones Encinas-padres de los 43 se han dado en los últimos días para que el próximo subsecretario de Derechos Humanos tenga conocimiento de los detalles del caso Ayotzinapa. Así, en teoría, la investigación no tendrá que comenzar “de cero” con la llegada de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Pese a que no se desecharán los “avances” que sobre el caso han hecho las autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto, Encinas se ha comprometido con los familiares de los normalistas a encarar la problemática con una visión diferente… y más eficiente. Claro, esto no implica que los padres de los 43 de Ayotzinapa han comprado las palabras de Alejandro Encinas, “la confianza se construye, no es un cheque en blanco”, advirtió Vidulfo Rosales.
¿De verdad el gobierno de EPN no se ha visto eficiente sobre este caso? Bueno, por alguna razón ya son varias dependencias federales que han tramitado amparos para evitar la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, la cual – en teoría -habrá de comunicar con toda la veracidad posible los hechos ocurridos en septiembre de 2014. ¿Poooor? Según sus alegatos, esto “invadiría las atribuciones del Ministerio Público”.