Aunque de primera instancia se pensaría que este movimiento es casi como decir “ahí está, pa’ que ya no ande diciendo que lo torturamos”, no es así. La Fiscalía de Chihuahua -según- ha solicitado que el exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, sea trasladado a un penal de más catego (o sea, nivel de seguridad) debido a la “alta capacidad criminal” del susodicho.

De acuerdo con La Jornada, la decisión de mandar a manos federales al hombre señalado como operador de los supuestos desvíos triangulados entre la Secretaría de Hacienda, el gobierno de César Duarte y el PRI nacional, se dio luego que especialistas técnicos del Centro estatal de reinserción social N°1 de Chihuahua (en el cual se encuentra actualmente recluido Gutiérrez) hallaron que el exfuncionario del PRI es bien mañoso, lo cual no es nada bueno para quienes quieren que el penal siga con relativa gobernabilidad. “Presenta habilidades sociales como de comunicación, manipulación, encanto superficial y facilidad de palabra”, señalaron los técnicos.

¿Y nomás por eso?, preguntarán aquellos que conocen a más de un cábula del barrio con las mismas características que Gutiérrez. Bueno, además de, en pocas palabras ser bueno para echar el “choro mareador”, el priista -señala el dictamen- tiene a su favor contar con un alto poder adquisitivo, además de un apantallador nivel sociocultural. En suma, tiene las características para ser todo un líder… pero con los componentes negativos de ser altamente egocentrista y, además, poseer una “indiferencia afectiva”. Esto último, a la hora de relacionarse con el prójimo, lo hace propenso a una “expansión criminológica contaminante”, señalaron los especialistas.

 

El pedido de traslado fue confirmado por el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, quien señaló que la solicitud apenas está en “veremos”, ya que está en el paso conocido como “anuencia de cupo en penal federal”. Además, aclaró que con esto las autoridades de Chihuahua no se libran de las acusaciones que la defensa de Gutiérrez hizo por la supuesta tortura a la que es sometido su cliente para declarar en contra de otros priistas (cof, Beltrones, cof)… hay que recordar que, debido a estos señalamientos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Javier Corral realizar una investigación.

Pero… algo ya no cuadra cuando el propio gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dice que este asunto del traslado es operado por el gobierno federal. ¿Ya la Fiscalía del Estado le volteó bandera?, ¿todo se mueve en su administración y ni se entera?… o, ¿el comisionado Sales se anda inventando solicitudes? Hagan equipos de tres y discutan.

Renato Sales apuntó que la Fiscalía de Chihuahua solicitó el traslado del priista con base en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el cual se anota que “la Autoridad Penitenciaria (…) podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado”. Los tres casos en lo que se puede dar este tipo de traslado son: delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; en casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y cuando el reo ponga en riesgo la seguridad del penal. Esta última encaja con la justificación de la fiscalía chihuahuense.

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