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Para los amigos, justicia y gracia; para los enemigos, la ley a secas

Por: Leonardo Núñez González (@leonugo) y Rosa Castañeda (@Rosa_Castaned)

¿La impunidad ha llegado a su fin? El 45% de los mexicanos señala que la corrupción se castiga casi nunca o nunca y el 75.2% opina que, cuando se tiene que impartir justicia en México, el gobierno aplica las leyes con un trato preferencial para algunas personas.

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La pareja inseparable del combate a la corrupción es el fin de la impunidad. Una de las frases más repetidas por el presidente López Obrador sobre el ethos de su administración es: «si me piden resumir en una frase cuál es el plan, respondo: acabar con la corrupción y la impunidad». Desde su toma de protesta hasta junio del 2020, el presidente ha mencionado en 419 discursos la palabra impunidad, casi siempre recordando que los tiempos en que la ley no se aplicaba de manera pareja ya habían quedado en el pasado y que, ahora, «el que la hace, la paga».

Sin embargo, la percepción ciudadana en pleno 2020 está muy lejos del optimismo presidencial. Actualmente sólo 19.5% de los mexicanos creen que esta administración aplica la ley a todos por igual. En contraste, una abrumadora mayoría de 75.2% opina que, cuando se tiene que impartir justicia en México, el gobierno aplica las leyes con un trato preferencial para algunas personas.

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Cuando se trata específicamente de la corrupción, las cifras son todavía peores, pues sólo 2.6% de las personas creen que estos actos se castigan siempre. La opinión mayoritaria señala que la corrupción tiene consecuencias selectivas, con 9.5% de la población que cree que se castiga la mayoría de las veces, 41.6% consideran que sólo hay consecuencias en algunas ocasiones y un abrumador 45% señala que la corrupción se castiga casi nunca o nunca.

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La falta de castigos explica la percepción generalizada de que en México no se respetan las leyes; mientras menos del 2% de los ciudadanos cree que se respetan siempre, la gran mayoría, el 46%, cree que las leyes no se respetan nunca o casi nunca. El nexo fundamental entre el quebranto de la ley y la falta de castigos es la impunidad. Siguiendo la definición de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), la impunidad es el nombre que se da a la ausencia de responsabilidad penal o civil de los autores de las violaciones.

La impunidad es lo que permite que quienes han roto la ley se queden sin castigo. Los mexicanos perciben que la justicia no es pareja y tienen claros ejemplos para demostrarlo: de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, de los 24.7 millones de ciudadanos que fueron víctimas de algún delito, 97% permaneció impune —ya sea porque no se abrió carpeta de investigación a pesar de haber denunciado, o si se abrió, no hubo consecuencia jurídica.

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Que un delito sea denunciado no implica terminar con la impunidad, pues aquí los ciudadanos se enfrentan a un segundo problema: las acciones de la autoridad pocas veces tienen consecuencias. La ENVIPE una vez más resulta reveladora, pues en 51.1% de las averiguaciones previas o carpetas de investigación el resultado fue, simplemente, que nada pasó. De acuerdo con el último informe rendido por el Fiscal General al Congreso de la Unión en 2019, una revisión de cerca de 300 mil carpetas de investigación muestra que en más de 63 mil asuntos los delitos prescribieron, es decir, ya nadie puede ser perseguido, debido a que la autoridad dejó pasar el tiempo sin siquiera realizar un acto de investigación. A todos estos problemas hay que agregar que la Fiscalía General de la República ha sufrido importantes recortes presupuestales (en 2019 tuvo su presupuesto más bajo en los últimos 5 años) a pesar de su papel preponderante en la persecución de delitos.

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Además de los problemas históricamente no resueltos en la persecución de los delitos que afectan a todos los mexicanos, la acumulación de casos en que la aplicación de la justicia no sólo es escasa, sino selectiva, ha influido en que el discurso triunfalista contra la impunidad no cambie la percepción mayoritaria del trato preferencial para unos cuantos. Durante los primeros meses de la nueva administración comenzaron a aparecer episodios en los que personas cercanas al partido del presidente, así como otros personajes cuestionables, incurrieron en violaciones a la ley o a las máximas morales definidas desde Palacio Nacional y no enfrentaron consecuencia alguna, aumentando la idea de que el gobierno aplica la desafortunada frase juarista: «para los amigos, justicia y gracia. Para los enemigos, la ley a secas».

Aunque el presidente fue muy claro al indicar que «quien no dé a conocer sus bienes no podrá desempeñarse en este gobierno», a inicios del 2019 varios funcionarios tuvieron señalamientos al hacer sus declaraciones de patrimonios e intereses. Una de ellas fue la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sanchez Cordero, que se enfrentó al escrutinio público al ser revelado por el periódico Reforma que su declaración se encontraba incompleta, pues una casa valorada por más de medio millón de dólares había sido puesta en reserva para su publicación (Díaz Briseño, 2019). Esta situación pudo haber terminado en una sanción por ser una falta administrativa, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En cambio, lo que ocurrió fue que los cargos medios de la Secretaría de la Función Pública se llevaron el regaño por no haber publicado la información. Episodios equivalentes se desataron con otros funcionarios, como sucedió con la declaración patrimonial de Manuel Bartlett, en la que la investigación de la SFP terminó absolviendo al funcionario de no incluir múltiples propiedades y empresas de su familia.

Otro caso a destacar fue el ocurrido el 17 de octubre del 2019, con la operación para la captura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. La ciudad de Culiacán, Sinaloa, fue escenario de la misión para cumplimentar una orden de extradición, pero una vez que las fuerzas armadas lograron capturar a Ovidio Guzmán, el caos y la violencia se apoderaron de la ciudad cuando diversos comandos armados irrumpieron para exigir la liberación de Ovidio, lo cual sucedió horas después. El presunto criminal no fue debidamente procesado. En un primer momento se dijo que la decisión había sido tomada por el gabinete de seguridad. Casi un año después del operativo, el presidente declaró que fue él quien personalmente dio la orden de liberarlo, «no es un asunto que tenga que ver con el derecho, es un asunto de justicia», dijo. Sin duda este evento será un referente de la actual administración. No por abatir la impunidad que enferma al país, sino por seguir intentado, como las administraciones pasadas, separar a la justicia del cumplimiento de la ley.

Una de las explicaciones más claras para el triunfo de López Obrador fue el hartazgo con la corrupción y la impunidad del pasado. Sin embargo, incluso en este ámbito hay una gran contradicción, pues a pesar de que el discurso recurrente del presidente señala a los gobiernos anteriores como el origen de todos los problemas actuales, hay una reticencia a aplicar imparcialmente la ley, al punto que el presidente ha dejado claro que no perseguirá a los presidentes anteriores, en una idea de «borrón y cuenta nueva». Esto contrasta con que nueve de cada diez mexicanos desean que se castiguen los actos de corrupción cometidos por el ex presidente Peña y el ex presidente Calderón. Si bien han comenzado a avanzar algunos procesos contra funcionarios de administraciones previas, incluso ahí existe una noción de aplicación selectiva de la justicia, pues sólo unos cuantos han sido procesados.

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Esta combinación de impunidad para los delincuentes comunes, impunidad para los funcionarios del pasado e impunidad para los funcionarios del presente ha creado un espacio ideal para el fortalecimiento del populismo penal, que enarbola como una de sus principales herramientas el endurecimiento de las penas como un mecanismo para acabar con la impunidad. Actualmente 82% de los mexicanos apoyan la idea de que penas más severas ayudarán a reducir la corrupción, lo cual fue hábilmente aprovechado por la actual administración para incluir algunos delitos relacionados con la corrupción (enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones) para que los procesados tuvieran que ser puestos en prisión preventiva de manera oficiosa. La reforma constitucional fue publicada en abril de 2019 y ha permitido fortalecer el mensaje de que la impunidad ha llegado a su fin; sin embargo, todos los fenómenos analizados hasta el momento dan cuenta de que esto es un buen discurso, pero no ha sido suficiente para modificar la realidad.

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A pesar del triunfalismo del presidente sobre el fin de la corrupción y la impunidad, la realidad es que la percepción nacional ha abandonado el optimismo desbordado que existió durante el primer año de la nueva administración. Los problemas sistémicos en la justicia cotidiana que no han sido resueltos, así como los múltiples escándalos de corrupción y aplicación parcial de la justicia explican por qué hoy el 75% de las personas creen que la ley se sigue aplicando de manera preferencial para unos cuantos. Transformar esto requiere de una amplia intervención en la mejora de los procesos de la Fiscalía General de la República, las fiscalías locales, así como en las dependencias gubernamentales encargadas de la vigilancia de la ley, como la Secretaría de la Función Pública. Si las autoridades continúan aplicando un doble rasero en el que todo el peso de la ley cae sólo sobre unos cuantos, de nada importarán los discursos y declaraciones de éxito y transformación, habremos caído en la trampa del gatopardismo en la que todo ha cambiado para que nada cambie.

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Leonardo Nuñez Gonzalez y Rosa Castañeda son investigadores de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Los puedes encontrar en Twitter en @leonugo  y @rosa_castaned

Un reconocimiento a Katia Guzmán por el procesamiento de la base de datos de la encuesta para la elaboración de gráficas de este texto.