Y sí, el contrato directo que se otorgó a Grupo Rioboo para el proyecto de los Segundos Pisos del Periférico y Viaducto se impugnó ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, peeeeero esta instancia desestimó el recurso con el argumento de que no tenía competencia para iniciar un procedimiento contra la Jefatura de Gobierno.
Todo comenzó el 14 de marzo de 2002, cuando los exsambleistas del PAN, Jacobo Bonilla, Walter Widemer y Ernesto Herrera, denunciaron ante la contraloría del entonces Distrito Federal que el contrato otorgado a Grupo Rioboo -presidido por José María Rioboó Martín- violaba el artículo 56 del Decreto de Presupuesto de Egresos del 2002 que establecía como monto máximo para una adjudicación directa, 780 mil pesos cuando se tratase de obra y 300 mil extra para cualquier “servicio relacionado con obra”.
Van los datos
El contrato OB/001/2002 Fimevic, firmado el 11 de febrero de ese año entre el gobierno capitalino y Rioboo S.A de C.V, fue por 187 millones 916 mil 900 pesos, pero meses después se firmó un convenio modificatorio que redujo el pago a 161 millones 923 mil 471 pesos, aún así el monto fue superior al límite establecido en el Presupuesto de Egresos.
Sin embargo, en agosto de 2002 la contraloría se declaró impedida para iniciar un procedimiento e investigar si hubo o no irregularidades en la entrega del contrato.
Jacobo Bonilla, quien fue secretario de la comisión de Transporte y Vialidad en la legislatura de la asamblea capitalina vigente cuando se adjudicó el contrato, dijo que el argumento de la contraloría para desechar la denuncia fue que no tenía facultades para actuar contra actos del jefe de gobierno, versión que coincide con una nota publicada, el 1 de agosto de 2002, en La Jornada.
Para no investigar, se dijo que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en su artículo 34, sólo otorgaba a la contraloría capitalina competencia para evaluar la gestión en dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales y no a la Jefatura de Gobierno.
En la denuncia que se presentó, los panistas señalaron como responsable de la presunta irregularidad al entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.
¿Sin irregularidades?
Entrevistada por Animal Político, Bertha Luján, en ese entonces titular de la Contraloría General del Distrito Federal, descartó que haya existido alguna irregularidad con los contratos que se otorgaron a Rioboo y consideró que los señalamientos hechos por Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, durante el tercer debate presidencial se deben al lugar que ocupa en las encuestas de intención de voto.
Bertha Luján, ahora coordinadora de la defensa del voto en los estados de México, Michoacán y Colima por parte de la coalición Juntos Haremos Historia, explicó que la razón por la que se otorgó la adjudicación directa fue porque se trataba de un tema especializado, que sólo Rioboo podía hacer.
“Es como una operación a corazón abierto. Nosotros no lo vamos a poner a licitación, vamos a buscar al mejor para que lo haga y les vamos a dar el contrato, me voy a un extremo pero es así. La ley establece que la adjudicación directa es una excepción y una de las causales es que se trate de un trabajo especializado, que le corresponde a determinado contratista o proveedor realizar”.
#Elecciones2018 Grupo Rioboo niega ser la constructora "consentida" de @lopezobrador_ https://t.co/v8RF3yPC4c pic.twitter.com/pjuOX9QnMm
— El Universal (@El_Universal_Mx) June 14, 2018
Tras los señalamientos hechos por Anaya, grupo Rioboo emitió un comunicado en que el que negó recibir beneficios por parte del gobierno capitalino.
Según este proyecto se otorgó de manera directa porque era la más económica y la explicación de este movimiento también se basa en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, que refiere las excepciones a la licitación pública, en el Capítulo V.
El artículo 54 contempla la adjudicación directa cuando se trate de servicios “para los cuales no existan alternativos o sustitutos, técnicamente aceptables y el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona porque posee la titularidad o licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor y otros derechos exclusivos
Agustín Salgado /Verificado2018