El Partido Popular español, que tiene mayoría absoluta (más del 50% de los legisladores) en el Congreso de Diputados de aquel país, aprobó la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida entre la ciudadanía como “Ley Mordaza” que, a decir de múltiples organizaciones sociales internacionales y de la oposición limita derechos fundamentales, entre los que se cuentan la libertad de expresión y de manifestación. La ley pasará a los senadores y, si no hay enmiendas, entrará en vigor próximamente.
España pasa por un periodo de lenta recuperación económica así como por un proceso separatista que busca la autonomía absoluta de la región de Cataluña. Todos estos factores hacen que en el país se registre un número creciente manifestaciones en contra del actual gobierno.
La nueva ley, que busca limitar la protesta, contempla que las faltas que antes debían pasar por un juez ahora se apliquen directamente a modo de multa administrativa por los agentes de seguridad; aumenta las sanciones económicas, que ahora van de los 100 a los 30 mil euros según la falta; se aumenta el valor probatorio de los testimonios y denuncias de los propios elementos de seguridad, de suerte que ahora la palabra de los policías es considerada prueba suficiente en contra para aplicar una sanción a menos que se presente pruebas que demuestren que lo que sostienen es falso.
Además, se considera falta grave “la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal”.
También se castigarán “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”.
Además, la nueva ley da pie a establecer castigos durante una manifestación por “ocupación de la vía pública”. En el texto de la nueva legislación puede leerse que constituye falta: “Asimismo la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto por la Ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad competente. Se entenderá incluida en este supuesto la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada”.
La nueva ley también permite la devolución de inmigrantes en caliente, pues contempla que “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.
Los partid¡os opositores a la nueva ley (incluso aquellos que han buscado contravenir las manifestaciones en favor de la independencia de Cataluña) la han calificado de violatoria de los derechos fundamentales y rápidamente han ofrecido echarla atrás si el PP perdiera la mayoría absoluta en las próximas elecciones parlamentarias.
Para Rosana Pérez (BNG) “se institucionaliza la represión y se da una vuelta de tuerca para atemorizar a los ciudadanos en un Estado policial”. Joan Tardà (ERC) ha hablado de “locura política y ataque endemoniado a las libertades, dando barra libre a la policía”. Para Xavier Errekondo (Amaiur) “el Gobierno quiere aplicar la ley de la calle es mía”.
Por su parte, el portavoz del PP, Conrado Escobar, defendió solo la ley ante el Congreso. En su participación, sentenció
“Las manifestaciones serán más libres porque estarán protegidas de los violentos”.