Este jueves el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 357 votos a favor y una abstención aumentar las penas para quien desmonte o destruya la vegetación natural, así como quien corte, arranque, derribe o tale árboles de manera ilegal.
También para aquellos que cambien el uso de suelo forestal y se pone peor si es que esto se realiza en un área natural protegida.
Se trata de un modificación al artículo 418 del Código Penal Federal.
#SesiónDiputados Con el propósito de combatir la tala y deforestación de bosques y selvas, la @Mx_Diputados avaló con 357 votos a favor un proyecto de decreto que reforma el artículo 418 del Código Penal Federal. Se turna al @senadomexicano pic.twitter.com/GXKh1jSEmm
— Noticias Congreso (@NoticiaCongreso) October 10, 2019
¿De qué va?
El dictamen de la Comisión de Justicia establece que quien sea cachado podrá recibir una pena de dos a 14 años de prisión, así como el equivalente de mil a 6 mil días multa siempre que estas actividades no se realicen en zonas urbanas.
Como lo mencionamos anteriormente, si la tala ilegal se lleva a cabo en áreas naturales protegidas la pena de prisión aumentaría hasta 10 años más y la multa económica hasta en tres mil días de multa.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Martín Espinoza Cárdenas, quien promovió la iniciativa, explicó que en los últimos años en nuestro país se han perdido más de 253 hectáreas de bosques y selvas, lo que equivale a más del territorio de la Ciudad de México.
Para darnos una idea de este problema, cada año son deforestadas 155 mil hectáreas, de las cuales 60 mil son consecuencia de la tala clandestina.
El diputado @MartinEsp_17 precisó que cada año se deforestan 155 mil hectáreas en nuestro país, por lo hace un llamado a apoyar la propuesta de sancionar hasta con 14 años de prisión a quien destruya la vegetación natural, tale árboles o cambie el uso del suelo forestal. pic.twitter.com/wsQlMxxIya
— Diputados Ciudadanos (@DipCiudadanoMX) October 11, 2019
Los estados más afectados son Yucatán, Chiapas, Quintana Roo y Campeche, entidades en las que se construirá el polémico Tren Maya.
Ahora el dictamen pasa al Senado para su análisis.