Por Georgina Ríos
Desde que comenzó el llamado juicio del siglo, el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán, el 5 de noviembre del año pasado en una corte federal en Nueva York, la lista de funcionarios, empresarios, militares, artistas, cifras millonarias de sobornos, rutas de tráfico de drogas, muertos, torturados y desaparecidos asociados al capo y a la organización criminal que dirigía, no ha ido más que agrandándose.
Los relatos, tanto del propio Chapo como de quienes han testificado a su favor y en contra, han sido por demás reveladores en tanto a las reglas y hábitos que regían la vida del otrora hombre más buscado del mundo, así como a la brutal manera de dirigir su negocio; y demoledores, en tanto sólo corroboran el enorme poder corruptor del narcotráfico y el elevado costo social que nuestro país ha pagado a causa de la fallida guerra contra las drogas.
A partir de lo develado en los poco más de dos meses de proceso legal, sobre su vida podría decirse que cualquier serie de las muchas que se han hecho sobre él se queda corta en el nivel de excentricidad. Nada más empezar el litigio, 14 testigos contaron a detalle lo estrafalario de la cotidianidad del narco: pistolas y metralletas con oro y diamantes incrustados para su círculo de seguridad más cercano, prácticas de tiro al blanco con bazucas, cuádruple capa de blindaje para sus vehículos, zoológicos privados con especies en peligro de extinción y hasta una plantilla de mujeres a las que contactar cuando el narco quisiera estar con alguna en particular.
Sobre la gestión del cártel, todos los testigos coinciden en que es un brillante, y despiadado, hombre de negocios. Sin embargo, señalan que sin la complicidad de autoridades en todos sus niveles, por inteligente que fuera, nada podría llevarse a cabo. Jorge Cifuentes, un capo colombiano, narró cómo en conjunto con otros cabecillas negociaron con funcionarios de PEMEX realizar envíos mensuales de cocaína en sus buques petroleros. El tribunal neoyorkino presentó incluso una llamada interceptada en que se escucha al propio Guzmán negociar con uno de ellos el monto que cobrarían los colombianos por el envío y la periodicidad con que lo harían.
Un abastecedor clave para El Chapo, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta y ex líder del cártel del Norte del Valle, afirmó haberse reunido en varias ocasiones con el narcotraficante mexicano para mapear pistas de aterrizaje clandestinas y enlistar pilotos y funcionarios de garitas y aduanas de confianza. De acuerdo a Chupeta, tan solo en la primera entrega que hizo a El Chapo logró aterrizar más de cuatro toneladas de drogas en una pista clandestina a las afueras de Los Mochis. También, según su testimonio, había policías federales y estatales para vigilar la operación y ayudar a trasladar el cargamento hasta EE.UU.
Después de Cifuentes y Ramírez, por el estrado pasó un traficante tras otro para dar detalles de la sofisticada red logística de la que se apalancaba Guzmán para adecuar su empresa a los retos y situaciones que se le presentaban: traslado de efectivo en suelas de zapatos y en muchos otros medios poco convencionales, almacenamiento de grandes cantidades de drogas en bodegas de empresarios que cobraban cuantiosas comisiones por ello, creación de empresas fantasma para lavar dinero (y lavado de dinero incluso por medio de empresas legalmente constituidas) y una compleja red de telecomunicaciones que ni el propio ejército supo detectar, entre otras. Cada eslabón protegido y auspiciado por funcionarios públicos sin cuya anuencia la red no hubiera podido funcionar como lo hizo.
Una vez agotados los detalles organizacionales, fue cuestión de días para que los “grandes nombres”, ésos que permitieron que Guzmán y sus aliados actuaran con total impunidad, surgieran. Jesús El Rey Zambada, hermano de Ismael El Mayo Zambada y testigo protegido del gobierno estadounidense, acusó a Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública y ex Director de la Agencia Federal de Investigación de la PGR, de recibir entre seis y ocho millones de dólares a cambio de desviar cualquier investigación sobre Guzmán y su organización. Asimismo, apuntó que los hermanos Beltrán Leyva llegaron a darle hasta 50 millones de dólares a cambio de protección. El Rey Zambada también acusó a Gabriel Regino, Subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México cuando Andrés Manuel López Obrador era Jefe de Gobierno, de recibir millones de dólares en sobornos para no interferir en sus operaciones.
Sin embargo, lo más escandaloso vino cuando salieron a la luz los nombres de dos ex presidentes, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los funcionarios de más alto rango asociados a El Chapo. Según las declaraciones vertidas en el juicio, cada uno recibió al menos 200 millones de dólares a cambio de que Guzmán pudiera operar normalmente, como lo había hecho siempre, en realidad. Esto es sorpresivo si se toma en cuenta que ambos legitimaron sus respectivos mandatos acorde a estrategias de seguridad cuyo sustento fue el combate frontal al narcotráfico. Desde luego, ambos negaron rotundamente los señalamientos.
Día con día, los mexicanos somos testigos de cómo la corrupción merma cada uno de los ámbitos de nuestra vida diaria. A partir de lo dicho en el juicio a Guzmán, esta afirmación solo se refuerza. Las cifras al respecto desafortunadamente también lo hacen. Desde el año 2000, 42 gobernadores han sido acusados de corrupción, pero únicamente tres enfrentan un proceso legal en su contra. El número de asesinatos y desapariciones forzadas ha aumentado exponencialmente. A causa de la cruenta disputa que mantuvo El Chapo con organizaciones rivales, Ciudad Juárez llegó a considerarse la ciudad más violenta del mundo con una tasa de 191 homicidios por cada 100,000 habitantes entre 2009 y 2011. 2018 cerró como el año más violento del que se tenga registro con más de 34,000 carpetas de investigación abiertas por homicidio, pero sólo se están investigando el 2% de los casos. Y de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México desciende año con año en el ranking de países evaluados en materia anticorrupción.
Acabar con este fenómeno, o al menos reducirlo al mínimo posible, requiere mucho más que demagogia y buenas intenciones. Como sustentan numerosos analistas, no es que el sistema político mexicano sea corrupto, es que gracias a la connivencia de quienes debieran ser los primeros en combatirla, la corrupción se volvió el sistema.
En realidad, da igual quién ocupe los altos mandos del crimen organizado, mientras el régimen que les permite seguir operando siga intacto, es decir, mientras no haya fiscales independientes que investiguen crímenes y redes de corrupción sin responder a intereses particulares, las instituciones gubernamentales no dejen de funcionar desde la opacidad y la impunidad siga siendo la norma, podrá caer capo tras capo y nada cambiará. Probablemente el juicio a El Chapo termine con él pasando el resto de sus días en una cárcel, pero lo verdaderamente trascendente sería que se castigara a quienes en complicidad actuaron con él. Si todo este proceso no deriva en acciones concretas en este sentido, no habremos impactado en nada la estructura de violencia e impunidad que nos asfixia y la corrupción seguirá ahí, intacta. Porque, al final, siempre ha sido la corrupción.
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Georgina Ríos es miembro de Wikipolítica CDMX, una organización política sin filiaciones partidistas.
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