Este 4 de octubre, a nombre del Estado mexicano, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ofreció una disculpa pública a Arturo Medina Vela por violaciones cometidas a sus derechos humanos hace 10 años.
A nombre del Estado mexicano, el subsecretario @A_Encinas_R, ofreció disculpa pública al ciudadano Arturo Medina por las violaciones cometidas a sus #DDHH hace 10 años, y refrendó el compromiso para lograr el cumplimiento total de las recomendaciones del Comité de la ONU. 1/2 pic.twitter.com/6FMSRyXQjC
— Gobernación (@SEGOB_mx) October 4, 2021
Además, se hizo un llamado a las autoridades para que se redoblen esfuerzos y las personas con discapacidad tengan las mismas condiciones ante el resto de la población pero sobre todo ante la justicia.
Este es un hecho histórico ya que es la primera vez que el Estado mexicano pide disculpas a un joven con discapacidad por la violación de sus derechos.
Caso Arturo Medina
A los 21 años, Arturo Medina, un joven con una discapacidad psicosocial e intelectual, fue detenido acusado de robar un vehículo. Todo sucedió el 14 de septiembre de 2011 en la Ciudad de México.
La acusación se basa en imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en el lugar donde estaba el carro, imágenes que nunca se presentaron en el proceso penal en su contra. El mismo día de la detención lo llevaron a la Agencia del Ministerio Público en la alcaldía de Venustiano Carranza y fue hasta horas después que el agente informó a su familia sobre la acusación en su contra.
La mamá de Arturo acudió a la Fiscalía para argumentar que, debido a su discapacidad, el joven no sabia manejar un vehículo y que nunca lo había hecho, eso además de presentar la documentación que acreditaba la discapacidad.
La versión en su contra decía que se había robado el auto empujándolo, no manejando, a pesar que ya existían contradicciones en los agentes de la policía que lo detuvieron.
Los días 15 y 16 de septiembre le realizaron una valoración psiquiátrica a Arturo y se determinó que tenía un trastorno de la personalidad y probable retraso mental, por lo que lo declararon lo apto para declarar. Esos mismos días el MP ejerció acción penal en su contra y lo llevaron al Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (CEVAREPSI).
Fue el 22 de septiembre que un juez del entonces Distrito Federal lo sujetó a un procedimiento especial para inimputables, es decir que la persona acusada no tenía la capacidad de comprender el carácter del delito debido a un trastorno mental o desarrollo intelectual retardado.
Peritos en psiquiatría determinaron que Arturo presentaba una discapacidad mental permanente que le impedí comprender el carácter de sus acciones, que no podía declarar ante las autoridades y que requería de tratamiento médico psiquiátrico de forma permanente, así como una adecuada vigilancia.
Arturo, por su parte, alegó que no lo dejaron declarar y que no le dijeron que estaba dentro de un procedimiento especial para Inimputables. A pesar de que el día de su detención su mamá pidió que no le asignaran abogado de oficio porque iba a pagar uno particular, el juez le negó esto porque la mamá no era tutora legal de un mayor de edad.
El acusado presentó la solicitud para tener un abogado particular pero también se lo negaron. Su mamá pidió estar a cargo de su cuidado, tratamiento y vigilancia pero denegaron la petición.
El 5 de diciembre de 2011 el juez condenó a Arturo por robo y le impuso una medida de seguridad por 4 años internado en una institución o área de rehabilitación del sistema penal. Además, impuso que una vez que cumpliera con la condena sería puesto bajo custodia de su familia o de las autoridades de salud o institución asistencial.
Como esta sentencia no se la informaron a Arturo, solo a su abogado de oficio, días después la sentencia se volvió ejecutoria porque no se interpuso recurso de apelación.
Así continuó el camino de amparos y recursos rechazados, inconsistencias y violaciones a sus derechos humanos.
El caso llegó al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU el 19 de agosto de 2015 y se emitió un dictamen el 6 de septiembre de 2019.
El Comité determinó entonces que el Estado mexicano incumplió con su responsabilidad de vigilar sus derechos humanos por lo que debe proporcionarle una reparación del daño efectiva (incluyendo un reembolso de los gastos judiciales y una indemnización), reconocer públicamente la violación de los derechos del autor y publicar el dictamen en formatos accesibles.