PGR encabeza indagación de la masacre de Tlatlaya. EE.UU. y PRD exigen investigación civil

Dos testimonios indican que el Ejército mexicano habría ejecutado a 22 presuntos delincuentes en una bodega ubicada en la comunidad de Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. Lo indignante del caso es que los presuntos delincuentes habían sido asesinados a pesar de que ya se habían rendido.

Los testimonios publicados tanto en Esquire

 (reportaje completo de Pablo Ferri a salir en octubre) como AP (Associated Press) relatan que en la madrugada del 30 de junio llegaron soldados a la bodega y comenzaron un enfrentamiento armado, una vez que los delincuentes se rindieron y se pusieron en el suelo, los miembros del Ejército los ejecutaron. Por su parte, las autoridades militares afirman que los presuntos delincuentes murieron durante el fuego cruzado. De comprobarse la versión que afirma que los elementos del ejército ejecutaron a los 22 presuntos delincuentes cuando éstos se encontraban desarmados y se habían rendido, los soldados deberán enfrentar cargos por actuar en contra del protocolo de asalto y del derecho marcial, según el cuál, sólo puede abrirse fuego contra civiles cuando éstos han iniciado el ataque o cuando la vida de algún presente corra peligro.

El gobierno estadounidense, aseguró que su función es intervenir en la investigación del caso, debido a su papel de proveedor de equipo militar, financiamiento económico, de tecnología, asesoramiento de inteligencia y logística para las fuerzas de seguridad de México bajo la llamada Iniciativa Mérida. La administración de aquel país recomendó al gobierno mexicano promover una investigación en la que miembros de la sociedad civil y organizamos descentralizados jueguen un papel importante, de suerte que las conclusiones no dependan únicamente de las autoridades del Estado y del ejército.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) emitieron, casi de manera simultánea, dos comunicados en los que ambas instituciones afirman que están dispuestas a hacer lo necesario para esclarecer el escenario real en el que ocurrieron las ejecuciones.

La PGR informó que mantiene una averiguación previa del caso y que la investigación comienza “desde cero” para no dar nada por sentado. No obstante, la SEDENA reiteró que la muerte de los 22 jóvenes tuvo lugar cuando los militares se defendían de una agresión armada.

Por otro lado, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, ha pedido que, aunada a la PGR, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) participe en la investigación.

Si se confirmara la versión del fusilamiento, dijo Zambrano, “querría estarse diciendo que estamos en el riesgo de regresar a la ley de la selva, a los tiempos de la guerra sucia cuando se ejecutaba, en aquel entonces, a guerrilleros o líderes políticos opositores”.

El día en que la ejecución ocurrió, la Secretaría de la Defensa informó que los soldados estban realizando un rondín y que encontraron esa bodega custodiada por personas armadas. Según la Sedena, las personas armadas habían comenzado a disparar. Después del enfrentamiento, se informó que se logró rescatar a tres mujeres presuntamente secuestradas.

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La Sedena informó que habían muerto 22 personas del grupo opositor y que un soldado había sido herido.

La PGR, ante las nuevas versiones, informó que ya hay una investigación abierta sobre los hechos, pero que hasta ahora no han encontrado evidencias que sostengan la versión de los testigos.

El testimonio de AP proviene de una mujer que relató cómo los soldados dispararon y asesinaron a su hija, Erika Gómez González (de 15 años). La jovencita yacía en el suelo herida en la rodilla, los soldados llegaron, le dieron la vuelta al cuerpo (con vida) y le dispararon varias veces en el pecho, luego la volvieron a poner boca abajo.

Tlatlaya

Erika Gómez González

En el programa #AsíLasCosas un editor de AP, Eduardo Castillo, habló del testimonio de la mujer:

«(Ella) había ido a recoger a su hija»

Luego, vio cómo llegaron los soldados a la bodega.

«Ella estaba en vela, no pudo dormir y en la madrugada entró uno de estos jóvenes del presunto grupo criminal y grito: ¡ya llegaron los contras

«Se vio una luz muy fuerte»

Contrario a lo reportado por la Secretaría de la Defensa, la mujer asegura que:

«los primeros en disparar fueron los solados»

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Después del enfrentamiento armado, el Ejército les dijo a los presuntos delincuentes que se rindieran y que no les pasaría nada:

«Los miembros del grupo criminal se rindieron, comenzaron a salir y después empezaron los remates y las ejecuciones»

Según Castillo, lo que pasó en Tlatlaya:

«Es una masacre contra civiles»

Castillo aseguró que Human Right Watch afirmó sobre la matanza:

«De comprobarse, sería la peor masacre de civiles por parte de militares de este sexenio»

El editor expresó que AP preguntó a las instituciones, pero:

«No hubo respuesta (de parte del Ejército). Lo único que nos dijeron en PGR es que estaba abierta la investigación. Dicen que no tenían evidencias que confirmaran el hecho que decía la mujer»

Por otro lado:

«Ayer logramos hablar con el presidente de la CNDH y dijeron que ellos también tienen abierta una investigación»

Además, aseguró que las autoridades les ocultaron información, aunque pudieron tener acceso al certificado de defunción de Erika.

Un médico que vio el cuerpo de Erika expresó que las heridas en su cuerpo coinciden con lo que relata la madre. La madre asegura que el Ejército hirió primero a los civiles para incapacitarlos y que luego les dispararon en el pecho.

Los investigadores de AP acudieron a la escena y encontraron que no había suficientes balas para el tiroteo prolongado. Al menos 5 lugares de las paredes interiores mostraban un mismo patrón: una o dos marcas de balas rodeadas por un salpullido de sangre, lo que les hace pensar que varias personas fueron puestas de pie contra la pared al momento de recibir uno o dos tiros en el pecho.

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Esquire sacó la versión de Julia (el nombre no es real), otra mujer que estuvo en la bodega:

«Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos»

A pesar de que se les acuse de ser delincuentes, es imposible justificar una acción así por parte del Ejército (disparar a personas armadas, en vez de llevarlos ante la justicia para que paguen sus crímenes, de haberlos cometido). El Ejército, una de las instituciones que, se supone, debería proteger a la ciudadanía, debería ser uno de los primeros en respetar los derechos humanos. Una acción de este tipo no debería ser tolerada por parte de la sociedad.

Periodista de la Associated Press Mark Stevenson comentó para Fusion.

Vía: Proceso