Por José Ignacio Lanzagorta García
Atrapar a Javier Duarte es cada vez más rentable para el gobierno federal y para su partido. Claro, si todavía tienen el interés de recuperar alguna credibilidad o respaldo; si es que tienen el interés de conservar el poder en 2018. Pero es que de pronto parece que no.
Ante posiblemente el par de años más difíciles que pudiera enfrentar una administración en la historia reciente de México, sus opciones para despertar algún entusiasmo son muy pocas y ésta es una de ellas. ¿Por qué no lo atrapan? ¿No pueden o no conviene? Cualquiera de las dos opciones no hace más que hundirnos en la desesperanza, aunque tal vez la segunda es peor.
El actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, presentó sin dar más pruebas o detalle que la sola mención a que existe una investigación, una de las acusaciones más oscuras de los desfalcos, fechorías y crueldades de la administración de su antecesor, Javier Duarte. Quimioterapia falsas a niños de escasos recursos. De ser cierta y como parte de todo el conjunto (ayuntamientos quebrados, la Universidad sin fondos, desvío de programas sociales), tendría que ser un nuevo piso dentro de nuestra rica historia de corrupción e impunidad. Tendría que mostrarnos que la diferencia entre un sátrapa de esta talla y uno menos corrupto es sólo una decisión personal ética del político: nuestro sistema no parece ponerle freno a ninguno de los dos. Eso es lo que hay que parar. De no ser cierta: no importa, a todos nos resulta plausible y nos quedamos pensando que Yunes está “haciendo algo” por limpiar la casa.
Yunes tendrá una administración inusitadamente breve. Apenas tomó el poder hace mes y medio y deberá soltarlo dentro de menos de dos años. En un esfuerzo por sincronizar los calendarios electorales locales con las elecciones federales, ése fue el acuerdo. Gobernará uno de los estados más complejos del país en uno de los momentos más críticos de su historia, en un período aún más breve que el de cualquier alcaldía. Y si los (excepcionalmente buenos) presidentes municipales apenas tienen tiempo para armar e implementar algún proyecto en lo que ya están considerando cuál será su siguiente hueso, imaginemos las limitaciones que tendrá Yunes para hacer algo relevante. El incentivo más grande que tiene es el que vemos que está tomando: invertir en su imagen personal; hacer de su breve administración una catarsis de la tiranía de Duarte; encabezar y capitalizar una redención local y nacional que lo deje listo como puntero para 2018.
Por supuesto, la competencia electoral en la democracia idealmente incluye esto: darle el poder a la oposición para que castigue al corrupto saliente. La ventaja de esta coyuntura para Yunes es que puede limitarse a salir de vez en vez a revelarnos más y más oscuridades de Duarte, tal vez procesar a algunos mandos medios o instrumentales de esta compleja red de corrupción, pero la responsabilidad de atrapar al pez gordo es del gobierno federal. Así, en este año y medio antes de la elección presidencial de 2018, cada día que el gobierno federal no atrapa a Duarte, alimenta las aspiraciones políticas que pudiera tener un eventual opositor panista.
Si el gobierno federal atrapa pronto a Duarte, entre otros aspectos en realidad más importantes y sustantivos, desactiva o reduce efectividad también en el elemento más poderoso que tiene uno de los potenciales competidores de 2018, reduce un frente de competencia. Esto nos devuelve a la pregunta inicial, ¿por qué no lo atrapan?
Hace una semana, el diario El Universal presentaba un reporte filtrado de la Policía Federal en la que presentaban como un “logro” haber detectado las cuentas de redes sociales de políticos que alentaron las protestas por el gasolinazo. Eran sus cuentas personales, pues, las que todos vemos y conocemos. En ese tenor, pues no nos sorprendería que tal vez el Estado mexicano no tenga la capacidad de atrapar a Duarte. Pero también vimos que luego de que se le escapara a una administración panista y la otra no consiguiera recapturarlo, este gobierno atrapó al Chapo; se le escapó por segunda vez, y en esta ocasión al gobierno federal no le fue tan difícil reencontrarlo. O sea, sigue siendo penoso, pero parece que cuando quieren, pueden. La red de corrupción de Duarte es tan amplia y su desfalco tan voluminoso, que, sin saber mucho y desde la comodidad de mi escritorio, imagino que debe haber huellas y posibles líneas de investigación por muchos frentes.
Atrapar a Duarte es crucial para el país. Atraparlo significa determinar un parámetro mínimo de lo inaceptable dentro de nuestras prácticas políticas y gubernamentales. Si toleramos muchas cosas que en otros países son inadmisibles y conducen a renuncias o a procesos judiciales, al menos esto ya no. La orden de aprehensión no basta. Necesitamos que el Estado mexicano tenga capacidad, por una vez, de fijar un límite a la impunidad de las altas esferas. Lo que digo aquí es que atraparlo incluso conviene por razones electoreras al gobierno que debe atraparlo. Exasperante será que no pueda, pero escalofriante y crítico será que, por alguna razón, no quiera.
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José Ignacio Lanzagorta es politólogo y antropólogo social.
Twitter: @jicito