Bajo los mismos cargos que se le imputan a Mario Luna, La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) de Sonora, llevó a cabo la detención de Fernando Jiménez Gutiérrez, otro integrante de una comunidad yaqui que se ha mostrado inconforme con la construcción del Acueducto Independencia.
Según señala la organización Servicios y Asesoría para La Paz (Serapaz), la detención de Jiménez se llevó a cabo la mañana de ayer, en Vicam, Sonora: “Fernando fue esbozado con una capucha negra en la cabeza durante el traslado e intimidado con preguntas, para ser presentado finalmente en el Centro de Readaptación Social (Cereso) 1 de Hermosillo, Sonora, del Juzgado Tercero de lo Penal”.
Los cargos que se le imputan a este nuevo detenido de la comunidad yaqui son privación ilegal de la libertad y robo de vehículo automotor, los mismos que al líder Mario Luna. Las autoridades de Vicam comentan que las acciones de la PGJE se dieron a raíz de las protestas que realizaron los miembros de la comunidad en contra de la operación del Acueducto Independencia.
Aunque la aprehensión y pronta disposición de Jiménez ante las autoridades se dio por el presunto delito cometido en contra de Francisco Delgado Romo, esto durante un bloqueo que la Tribu yaqui realizó en junio del año pasado en la carreta Internacional, la Serapaz recordó que Delgado aventó su vehículo a una mujer y su hija: “Como consecuencia de este acto irresponsable, las autoridades tradicionales impusieron un castigo a este miembro de la Tribu, bajo sus usos y costumbres, que para la cosmovisión de la Tribu Yaqui se trata de un proceso de aplicación de su sistema de justicia indígena amparada en la Constitución y en los tratados internacionales sobre pueblos indígenas ratificados por México”.
Otro argumento que presentan los yaquis respecto a lo injustificable de esta nueva detención es que ella se dio por una orden de aprehensión liberada desde hace 15 meses, como una muestra de la presión política que ejerce el gobernador sonorense Guillermo Padrés hacia las comunidades que se muestran en contra de la construcción del Acueducto Independencia.
“Son actos que buscan criminalizar a la Tribu Yaqui en la defensa de sus derechos humanos al territorio, a sus recursos naturales y su cultura milenaria (…)la forma para resolver este conflicto es por la vía del diálogo, en el marco de la consulta indígena que ordenó el fallo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (631/2012) y que hasta la fecha no se ha cumplido, entre otras razones, por estos actos de criminalización contra el pueblo Yaqui”.