Estamos a once meses de la desaparición de 43 estudiantes de la “Escuela Normal Rural Isidro Burgos,” hasta ahora tan sólo se cuenta con una versión de la Procuraduría General de la República (PGR) que ha sido tremendamente cuestionada por los padres de los desaparecidos y la sospecha de un crimen de Estado. Como cada 26, se realizará una acción global por Ayotzinapa.
En esta ocasión los padres de los normalistas se dividieron en cuatro grupos para recorrer aproximadamente 30 embajadas de diferentes países y hacer entrega de documentos en los que denuncian la impunidad que persiste en este caso, además exigen a los representantes diplomáticos extranjeros presionar a las autoridades mexicanas. Aproximadamente a las 14:00 se concentraron en la sede de la Unión Europea en México donde realizarán un mitin y posteriormente a las 16 horas realizan una marcha del Ángel de la independencia al Zócalo capitalino.
Se concentran en el Ángel de Independencia para la marcha por #Ayotzinapa11Meses #Ayotzinapa @ElFinanciero_Mx pic.twitter.com/J6NQcmpVXb
— Alejandro Meléndez (@alexmelon) August 26, 2015
A once meses, uno de los debates más fuertes ha sido definir la responsabilidad del Estado en los sucesos de Iguala que tuvieron como resultado 7 muertos, 12 heridos y 43 desaparecidos. El ex procurador Jesús Murillo Karam, en una de sus conferencias de prensa afirmó que no se trataba de un crimen de Estado, que se trataba de un hecho lamentable pero que no podía asumirse como tal.
Recordemos que los días previos al 26 de septiembre de 2014 los estudiante normalistas habían preparado una salida a la Ciudad de México para participar en los eventos de conmemoración del 2 de octubre de 1968. Aquel día, viajaron a Iguala para tomar algunos autobuses, otro grupo tomaría otros para dirigirse hacia la Costa Chica a realizar algunas prácticas de campo.
En Iguala, tomaron algunos camiones de las empresas Estrella de Oro y Costa Line. Algunos alumnos, relataron que tomar los camiones era una práctica común y que los choferes accedían en la mayoría de los casos. Algunas versiones afirman que en esta ocasión uno de los operadores diO aviso a la policía. Cuando los estudiantes se iniciaron su camino a la Escuela Normal, se dirigieron al periférico en donde fueron confrontados por la policía.
Ese día, la esposa del Presidente Municipal de Iguala, José Luis Abarca, rendía su informe de labores como Presidenta del DIF, por ello, al ser notificados de la presencia de los normalistas en los alrededores de la plaza, dieron la orden de detener su avance.
La policía municipal abrió fuego hacia los autobuses matando a 6 personas. Los estudiantes que lograron huir fueron detenidos nuevamente por los cuerpos policiacos quienes los trasladaron a la central policiaca del municipio. Más tarde, la policía de Iguala y Cocula llevaron a los estudiantes en patrullas hasta un basurero en el cual fueron entregados al grupo criminal “Guerreros Unidos,” en donde según la versiones de los delincuentes, los normalistas fueron interrogados por que creyeron que pertenecían a otro grupo delictivo y porque estaban en un territorio controlado por estos.
La Procuraduría General de la República (PGR), el 7 de noviembre informó que se tenían elementos para hablar de un homicidio colectivo llevado a cabo la misma noche del 26 de septiembre, según las declaraciones de los detenidos. La dependencia concluyó a los pocos días que los cuerpos de los estudiantes habían sido incinerados, depositados en bolsas de plástico y arrojados al río.
La mayor parte de los padres de los desaparecidos rechazaron casi de manera inmediata esta versión argumentando que las conclusiones carecían de un sustento técnico y científico confiable. Aunque los restos encontrados se enviaron a diversos laboratorios de prestigiosas universidades, no se logró comprobar la identidad de los estudiantes con el material forense.
Lo cierto es que la materialización del Estado se encuentra en el monopolio legítimo de la fuerza según la definición de Max Weber. Sólo el Estado puede reprimir con el consenso de la población. Sólo él, tiene el control del mando policiaco en los tres órdenes de gobierno, el federal, estatal y municipal.
En los sucesos del 26 de septiembre de 2014, la policía de dos municipios reprimieron, por mandato del poder ejecutivo municipal, a los supuestos infractores violando sus garantías constitucionales. No siendo bastante, en colusión con el grupo criminal “Guerreros Unidos,” fueron entregados para ser asesinados y desaparecidos.
No es difícil deducir, que la participación de un gobernante, un grupo criminal y las policías de dos municipios en el asesinato y desaparición de los estudiantes, hagan de Iguala un Crimen de Estado que no debe quedar aislado, que no debe ser olvidado, porque desvela la fragmentación y perversión de un Estado infiltrado por el crimen organizado.
@YizusRC
Jesús Rivero Casas
Analista Político