Acompañado por Tomás Zerón de Lucio —en aquel momento jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)—, Jesús Murillo Karam, procurador General de la República (PGR), aseguró en conferencia de prensa que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa habían sido privados de la libertad, incinerados y arrojados al Río San Juan.
“Esta es la verdad histórica de los hechos“, dijo Karam el 27 de enero de 2015, tras más de un año de investigación sobre el caso de la desaparición de los normalistas.
Sin embargo, la conclusión de la desaparecida PGR —hoy Fiscalía General de la República (FGR)— fue confrontada con evidencia científica y basada en información que la Procuraduría descartó para armar el caso de Ayotzinapa.
Varios de estos señalamientos fueron hechos por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de Ayotzinapa (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Ahora, con AMLO en la Presidencia, los padres y las madres de los 43 normalistas han exigido a las autoridades que retomen las recomendaciones hechas por el GIEI y el estudio del EAAF. ¿Algo más? Sí, que todo aquel exfuncionario que haya obstruido el caso, sea investigado.
“Sanear la investigación”
¿Qué tan viable es que los exfuncionarios que hayan obstaculizado la investigación enfrenten un proceso? ¿Por qué la FGR decidió retomar el caso desde cero, sin la “verdad histórica” de Karam?
Para entender el panorama de manera general, consultamos a Luis Tapia, coordinador Jurídico del Centro Prodh (Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez), quien nos guió por los puntos claves del caso Ayotzinapa.
“Era necesario sanear la investigación“, dijo Luis Tapia al explicarnos la importancia de que la FGR no se base en una sola teoría —como sucedió en la administración de EPN— y se abran más líneas de investigación. ¿Por qué?
Las conclusiones que ofreció la PGR de Murillo Karam se basaron en violaciones a los derechos humanos. “Se cometieron irregularidades muy graves”, hubo denuncias por tortura y la violación a la presunción de inocencia, detalló el coordinador Jurídico del Centro Prodh.
En conjunto, la mezcla de estas irregularidades desencadenó una “investigación desaseada”.
Finalmente, los padres de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa han pedido que se investigue a exfuncionarios como Karam, Tomás Zerón y José Aarón Pérez, quien llevaba la Unidad Especial para el caso en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La PGR
“La acusación que hizo la PGR no fue una acusación compleja. Quiso contar los hechos como un evento muy pequeño, en una franja muy pequeña con dos policías municipales: la policía de Cocula y de Iguala“, precisó Luis Tapia.
En la primera conferencia que Murillo Karam dio sobre los normalistas de Ayotzinapa —el 7 de noviembre de 2014, cuando soltó la polémica frase: “Ya me cansé”—, y explicó que los policías municipales de Iguala y Cocula habían entregado a los estudiantes a Guerreros Unidos.
De Loma de Coyote, los presuntos integrantes de Guerreros Unidos llevaron a los normalistas al basurero de Cocula. Ahí, según la PGR, los jóvenes murieron y fueron incinerados.
Más tarde, los restos de sus cuerpos fueron arrojados al Río San Juan.
Sin embargo, una vez que llegó el GIEI para acompañar el proceso de investigación, el grupo reveló varias omisiones, siembra de pruebas y casos de tortura. Por su parte, el EAAF descartó una “incineración” en el basurero de Cocula.
La investigación “se basó en violaciones a derechos humanos, se cometieron irregularidades muy graves como los eventos en los que estuvo el extitular de la Agencia de Investigación Criminal en el río San Juan, que ha provocado que el caso se caiga en los tribunales por las flagrantes violaciones al debido proceso”, explicó Tapia.
Entonces, ¿qué sigue?
¿Un proceso contra Karam y Tomás Zerón?
En el trabajo de la FGR está lograr que la Sedena (Secretaría de Defensa Nacional) aporte nueva información, retome las recomendaciones del GIEI y —como anunció Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración— abra una investigación sobre la chamba de Karam, Tomás Zerón y otros exfuncionarios.
De acuerdo con los papás de los normalistas de Ayotzinapa, estos exfuncionarios obstruyeron el avance del caso.
Cero y van dos, habrá una investigación nueva e independiente a los resultados del equipo ‘Ya me cansé’https://t.co/1VjdjxBFGf
— Sopitas (@sopitas) September 18, 2019
¿Hay posibilidad de un proceso en su contra?, ¿qué tiene que suceder para que esto sea posible? Estas preguntas habría que verlas a la luz de las investigaciones previas, nos dijo Luis Tapia.
“Las denuncias de tortura contra la Marina, contra la PGR, contra la PF datan de 2015. Los detenidos empezaron a denunciar desde que pudieron declarar ante un juez”, detalló Tapia.
El coordinador Jurídico recordó que las pruebas del río San Juan son turbias, pues Tomás Zerón acudió junto con peritos y policías ministeriales a la zona. Las autoridades llevaban a un detenido… sin abogado. Esta diligencia no fue reportada ante el GIEI ni a los papás de los estudiantes desaparecidos.
Más tarde, la PGR halló las bolsas con los presuntos restos de los normalistas —uno de ellos correspondía a Alexander Mora Venancio, cuyos restos fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, Austria, para su análisis.
¿Recuerdan el “ya me cansé”? Pues ha regresado Murillo Karam ahora que la 4T investigará lo ocurrido con los estudiantes de #Ayotzinapa https://t.co/0TbvIeXMAc
— Sopitas (@sopitas) September 17, 2019
“Como consecuencia de eso, la visitaduría General de la PGR abrió una investigación interna. Los resultados originales de esta investigación interna nunca se conocieron“, recordó Luis Tapia. ¿La razón? La PGR no reconoció a estos hechos como “irregularidades”.
¿Y luego? “Si el gobierno actual tiene un real compromiso con investigar, identificar y sancionar a los responsables de haber realizado una investigación deficiente, irregular, basada en la violación a los derechos humanos; tiene los elementos. Ahí están los elementos de prueba, ahí están los expedientes”, concluyó Luis Tapia.
Es decir, si la FGR realiza un correcto trabajo, es posible que los exfuncionarios que fueron omisos u obstruyeran la investigación, enfrenten un proceso.
Mientras continúa el avance de la FGR, el también extitular de la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano) ha dicho que está dispuesto a colaborar en esta nueva investigación. Como recordarán, en febrero de 2015, Karam dejó la PGR para irse a la Sedatu y en su lugar se quedó Arely Gómez, quien fue omisa a las recomendaciones del GIEI.