Y Jaime Bonilla, llegando y acusando a administraciones pasadas… digo, exigiendo transparencia en las cuentas que manejó el poco defendible (como lo es cualquier político) exgobernador de Baja California, Francisco Kiko Vega.

Pues resulta que el gobierno del recién ascendido Bonilla ya checó cómo dejó el changarro su antecesor y se encontró con que el exmandatario panista pudo haber incurrido en actos de cohecho, fraude, abuso de autoridad, colusión de servidores públicos, falsificación de documentos, administración fraudulenta, negociaciones ilícitas y peculado… y lo que salga.

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Por lo anterior, ya procedió a presentar la respectiva denuncia ante la Fiscalía General del Estado, con el fin de ver si ellos también encuentran con que tanto delito cometido (presuntamente) por Kiko Vega pudo haber causado un daño al erario de mil 200 millones de pesotes, aproximadamente.

De acuerdo con La Jornada, el desvío de recursos llevaría el sello de la casa que le han impreso varios políticos mexicanos: operaciones realizadas con empresas fantasma, las cuales habrían expedido facturas falsas… pero de manera muy descaradota. Según lo encontrado por la administración de Bonilla, algunas empresas se habrían constituido el mismo día que les llegó su chequezote, otras ya ni existen y unas más no se han conseguido localizar.

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En respuesta a las acusaciones del gobierno de Bonilla, Kiko Vega todavía no se ha echado a correr… al contrario, dice estar en la mejor disposición de colaborar con las investigaciones que demuestren que él no se clavó nada.

“Los actos del gobierno que tuve el honor de encabezar fueron transparentes en apego a la legalidad”, señaló Kiko Vega por medio de un comunicado.

Ya que la denuncia que el gobierno de Baja California no sólo fue contra su persona, Kiko pide a sus colaboradores también acusados que se presenten libremente a aclarar la situación.

Según indica La Jornada, la denuncia presentada ante la Fiscalía también salpica a quienes fueran sus secretarios de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid y Bladimiro Hernández Díaz. De igual manera, se involucra a la ex oficial y actual diputada local del PAN, Loreto Quintero, sí como a Enrique Remigio Salcido, quien fuera director de Administración, y a Rutilio Pérez Flores, exdirector de Adquisiciones.

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