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Bloquean cuentas a juez de Puerto Vallarta y a funcionario acusado de corrupción de menores

El director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer que bloquearon las cuentas del juez Jorge Luis Solís Arana, quien no vinculó a proceso por corrupción de menores a Luis Alonso N, exjefe de recursos humanos de la Policía de Puerto Vallarta, Jalisco.

Sí, a aquel hombre que encontraron en un automóvil con una menor de diez años desnuda, y por lo cual, en un principio, lo detuvieron y llevaron al Ministerio Público para que se iniciara un proceso por corrupción de menores. Sin embargo, días después el juez no lo vinculó a proceso.

Detienen a funcionario de Puerto Vallarta por abuso contra una niña de 10 años

¿Qué declaró Santiago Nieto?

Santiago Nieto, encargado de la UIF, señaló en entrevista en Palacio Nacional que bloquearon las cuentas bancarias del que era juez y también de Luis Alonso N, acusado de tentativa de abuso sexual contra una niña de diez años.

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Al respecto, declaró: “Hoy hemos hecho el congelamiento del juez que no vinculó a proceso al director de la Secretaría de Seguridad, en el municipio de Puerto Vallarta, y que fue localizado con una menor en su vehículo”.

Luego agregó: “Tanto al director como al juez que no vinculó al sujeto les hemos congelado las cuentas. Estamos en proceso de investigación para ver si presentábamos la denuncia correspondiente”.

Enrique Alfaro informa destitución de juez

Apenas ayer, 16 de agosto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio a conocer que separaron de su cargo al juez Solís Arana, encargado del caso y quien no procesó al exjefe de recursos humanos de la Policía de Puerto Vallarta.

Sí, así lo informó el mandatario: “El juez que decidió no vincular a proceso a este criminal por el delito de corrupción de menores ya fue separado del cargo y pagará las consecuencias de su inmoralidad”.

Por otra parte, Santiago Nieto comentó que el congelamiento de cuentas es una medida que forma parte de los acuerdos con gobiernos estatales en casos donde se presentan indicios de trata de personas o explotación sexual.