A lo largo de la última semana, el jugosísimo ‘bono navideño’ que presuntamente se recetarían nuestros legisladores copó todas las portadas. Las diversas informaciones indicaban que cada diputado recibiría este diciembre un total de 718 mil pesos; aunque posteriormente salieron a desmentir esta versión, asegurando que únicamente recibirían 507 mil pesitos: 357 mil por concepto de salario, aguinaldo y otras prestaciones de ley, más otros 150 mil como parte de un bono acordado por las bancadas.

Esta lana no se consiste en ‘bonos navideños’ ni esas cosas horribles que está publicando la prensa; de acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, se trata de “subvenciones extraordinarias que se utilizan para el trabajo legislativo” (no sean malpensados). Según apunta El Universal en sus trascendidos, será esta semana cuando se defina si habrá ‘subvención navideña’ para nuestros legisladores.

Algunos diputados, refiere la publicación, ya cuentan con ese dinerito de más y, aunque se haya ventilado en los medios de comunicación y haya causado malestar en la población, señalan que, al ser una “tradición”, es justo que se conserve el bono, pero más chiquito, pues hay “quienes sí trabajan y lo merecen”.

De acuerdo con Luis Carlos Ugalde, académico y expresidente del Instituto Federal Electoral, los grupos parlamentarios no están obligados a rendir cuentas de estos recursos millonarios, ¡ni siquiera a la Auditoría Superior de la Federación! Es decir, las subvenciones que se aprueban los legisladores son comparables a aquello que por años conocimos como la ‘partida secreta‘ presidencial: “se conoce el monto millonario, pero no se debe explicar su uso y destino”.

Este año los diputados recibirán un bono por "atender a la ciudadanía"

La Cámara de Diputados debería ser sinónimo de rendición de cuentas. Ellos son los encargados de determinar cuál es el presupuesto que ejercen los tres poderes del país; fiscalizan cómo se ejercen los recursos públicos; además de que fueron ellos quienes aprobaron — en conjunto con el Senado— las leyes de transparencia y anticorrupción.

Aun así, no le rinden cuentas a nadie. “El marco jurídico nacional está diseñado para que el Congreso exija cuentas, pero no para rendirlas”, escribe Sergio López Ayllón, director general del CIDE.

¿A qué se debe esta opacidad sobre el manejo de recursos dentro de la Cámara de Diputados? Se trata de un nocivo e interminable ciclo de corrupción. Según López Ayllón, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el poder se concentra en manos de los coordinadores parlamentarios, quienes son los encargados de asignar recursos a las diversas bancadas “para asegurar la gobernanza de la Cámara”.

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La corrupción imperante en el país se presenta en este proceso en el cual participan todos los partidos. Las distintas organizaciones políticas mantienen una cultura del voto a cambio de prebendas como vales de despensa, viajes, pasajes, mobiliario y “personal al servicio”, entre otras tantas monerías.

Si los poderes legislativos, que deberían ser los actores principales de la rendición de cuentas, se encuentran atrofiados, lo demás no funciona.  O lo que es lo mismo: “los congresos se han vuelto parte del engranaje de la corrupción, no su contrapeso”, como apunta Ugalde.

De acuerdo con Anatomía de la corrupción, libro de María Amparo Casar y la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción, nuestro país ocupa la deshonrosa 95º posición de las naciones más corruptas en el mundo —tomando en cuenta 168 países—; el 15º lugar —de 26— en el continente americano; y la última posición de los 34 países que conforman la OCDE.

Diputados se suben el sueldo.

Y a todo esto, ¿cómo se reparten los recursos?

La Secretaría General Administrativa entrega la ‘partida’ a cada bancada, y cada una de éstas distribuye el billullo entre sus integrantes. En este caso, les tocaría de a 150 mil ‘por piocha’, bajo el concepto de “gastos por gestión“. De acuerdo con Jaqueline Peschard, Comisionada Presidenta del IFAI de 2009 a 2013, aunque el reparto de recursos de los legisladores pueda ser una acción legal, “es moralmente reprobable la opacidad con la que se otorga”.

FOTOS: NOTIMEX

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