El día de hoy, los diputados protagonizaron uno de esos debates ordenados y pacíficos que tan bien les salen. La discordia nació, en esta ocasión, con motivo de una reforma constitucional hecha sobre los artículos 11 y 73 para “otorgar el derecho a la movilidad universal a toda persona atendiendo a los principios de igualdad accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad”. La reforma no se ha concretado porque falta que el Senado la apruebe.
El gran problema es el siguiente: por un lado la izquierda afirma que la reforma constitucional abre la puerta a que, en el futuro, se redacten leyes en contra de las manifestaciones. Por otro lado, PAN, PRI y PVEM dicen que esa no es la intención, aunque tampoco explicaron muy bien los motivos ni la urgencia de la reforma, lo que hubiera sido interesante, más considerando que, por un lado, las protestas de hecho han aumentado en los últimos días debido a la crisis de seguridad nacional y, por otro lado, que el periodo ordinario de sesiones termina en menos de 2 semanas y aún tienen un montón de dictámenes que discutir y aprobar.
El artículo 11 de la Constitución es el que garantiza el libre tránsito por el territorio nacional y la reforma propuesta especificaría que la garantía de ese libre tránsito atendería a los principios “de igualdad accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad”. Esta reforma fue propuesta hace meses por el panista Marcos Aguilar, pero el día de hoy y de improviso fue desempolvada. Además, de último minuto también se agregó a la propuesta una reforma al artículo 73, en el que se especifican las facultades del Congreso de la Unión. Esta modificación especificaría (de manera más bien inútil y redundante) que el Congreso mismo puede emitir una legislación especial para garantizar el derecho a la movilidad bajo esos principios.
Por su lado, los partidos PRD, Movimiento Ciudadano y PT dijeron que tales reformas (todavía no aprobadas) permitirían legislar en contra de las manifestaciones en las calles. En todo caso, la denuncia quizá parezca algo adelantada, pues actualmente no está agendada la revisión de ninguna iniciativa en ese sentido, aunque para la forma en la que se legisla en el país, quizá no sea una observación tan descabellada.