La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México tiene como finalidad revisar, modificar y votar el proyecto de Constitución Política que envió el Jefe de Gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera el pasado 15 de septiembre. El plazo para aprobar la Carta Magna chilanga vence el próximo 31 de enero de 2017. El documento, que se antojaba y promovía como progresista, dejó fuera iniciativas importantísimas como la no criminalización de la marihuana y el aborto, aunque sí contempló los matrimonios igualitarios.
La misma asamblea, constituida en su mayoría por miembros del Partido de la Revolución Democrática y Morena, ha dejado mucho qué desear en materia de transparencia. La tan progre Constituyente no registró su padrón de cabilderos, amparándose en el argumento de que todas las sesiones son públicas y que no es necesario publicitar los nombres de sus asesores políticos y comunicación. En el corto tiempo en que seguirá funcionando la asamblea tampoco se presentarán los resultados de investigaciones realizadas por centros de estudios del Congreso pues, dicen, ni siquiera cuentan con un centro de esa naturaleza.
¿Por qué es importante que el padrón de cabilderos esté disponible para la opinión pública?
Primero hay que definir cuáles son las funciones de un lobbyist en buen cristiano: los cabilderos son personas que buscan influenciar a funcionarios para que las leyes favorezcan, o no perjudiquen, a cierto grupo, empresa, industria o interés en particular. Hay organizaciones que se pueden inscribir dentro de esta denominación como Oxfam, Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales que buscan incidir en la agenda pública a través de sus informes e investigaciones, pero que lo hacen para beneficiar a la sociedad civil.
Sin embargo, y por el otro lado, las grandes empresas también hacen la lucha por influir la legislación para preservar sus propios intereses: en ese otro grupúsculo se pueden identificar a las refresqueras, embotelladoras y tabacaleras. Fernando Dworak, analista político experto en el proceso legislativo, define a estas personas ajenas al Congreso como “grupos de interés que buscan influir en la toma de decisiones” y que no pertenecen necesariamente a la iniciativa privada, sino que también provienen de los tres niveles de gobierno, cámaras empresariales, sindicatos y ONGs.
Nora Castillo, fundadora de la Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo y representante de los intereses de Grupo Salinas, señaló para el portal Animal Político que quienes satanizan sus funciones, lo hacen por desconocimiento del tema. Según Castillo, las potestades de un lobbyist se limitan a acumular información útil y canalizarla “de forma adecuada” a los legisladores, quienes son los que finalmente votan las iniciativas. La socióloga Mario Amparo Casar afirma que la política es un espacio público que está “sujeta a la colonización por parte de intereses privados, que ejercen una presión constante por verse beneficiados“.
La académica señala que una sociedad “más democrática regula y resiste mejor” la intervención de estos intereses y la existencia de privilegios. Cosa que aparentemente aquí no sucede. Para muestra un botón: en 2005, el senador panista Miguel Ángel Toscano denunció que, supuestamente, un grupo de legisladores asistieron a Hungría, Brasil, Madrid y Barcelona a disfrutar de la Fórmula 1 con todos los gastos pagados por British American Tobacco y Phillip Morris. ¿En qué terminó todo el numerito? Se desechó de tajo una propuesta que pretendía que se aprobara un impuesto contra el cigarrillo en la Miscelánea Fiscal de 2006.
María del Carmen Nava Polina, titular de la coordinación de Transparencia y Parlamento abierto de la Asamblea Constituyente, dejó abierta la puerta para el registro de cabilderos, e incluso afirmó que será indispensable, una vez que se toque el tema de las leyes secundarias ya que “ahí sí se va a aterrizar con sumo detalle los temas clave de la ciudad”, como el medio ambiente y las regulaciones fiscales.
Esperemos que la Asamblea Constituyente se encuentre a la altura de las necesidades de la población capitalina y no se caigan en prácticas de corrupción, falta de transparencia y rendición de cuentas.