En vísperas de la aprobación (o no) de la Ley de Seguridad Interior, las críticas e inquietudes con respecto a su contenido son muchas, pero ¿y las defensas del proyecto? Pues también las hay, y una de las menos favorecedoras es la ofrecida por el subsecretario de derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrían, quien señala que no es lo más deseable que el Ejército esté realizando las tareas de seguridad de la policía… pero qué se le va a hacer: la violencia que se vive en el país así lo demanda. ¿Y no hay otras opciones? Ehhhrr…

Además, aunque los que tienen historial de leyes aprobadas sin previa lectura son los senadores, Campa Cifrían recomendó a quienes se han pronunciado contra la minuta, que se tomen un ratito para –mínimo- leer el primero de los 34 artículos que lo integran: “Sería conveniente (…) que le dedicaran una hora; en ese tiempo puede fácilmente leerse, reflexionar y meditar sobre cada uno de estos artículos”, recomendó. Chin… quién sabe cómo descubrió que gente como el Alto Comisionado en Derechos Humanos de la ONU; la consejera del INE, Pamela San Martín; el ombudsman Luis Raúl González; representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); relatores de la Libertad de Expresión de la ONU; la Coparmex, instancias académicas y organizaciones civiles… y más, han opinado sobre la ley sin haberla leído.

 

Aunque ninguno de los detractores de la Ley ha señalado que no es necesario fortalecer el combate al crimen organizado (nomás que no hay que hacerlo a lo güey), el de la Segob indicó que el problema es que no se ha dimensionado el verdadero tamaño de la inseguridad. Así que, pese a que las autoridades se la pasan diciendo que  ahí la llevan en el control de la delincuencia, Campa pidió recordar la cifra de homicidios dolosos que se ha reportado en los últimos conteos oficiales (2 mil 371… sólo en octubre). Con este número, el encargado de DDHH del gobierno federal terminó por aceptar que “vamos a cerrar más o menos con las mismas cifras que se recibió” del gobierno de Felipe Calderón.  Con este panorama “¿qué es mejor? ¿Tener una situación legal apoyada apenas en una jurisprudencia, donde prácticamente cualquier decisión es discrecional, o conviene más tener un marco legal que defina cuándo, cómo y hasta cuándo, por cuánto tiempo deben de tener presencia las fuerzas armadas? Desde mi particular punto de vista, es mucho más conveniente hacerlo con la ley en la mano”, cuestionó el que era cuestionado.

Otros que también se pronunciaron a favor de la Ley de Seguridad Interior fueron los gobernadores del PRI, así como los emanados de las coaliciones PAN-PRD. “Necesitamos el apoyo de las fuerzas armadas para la seguridad interior. No para la seguridad pública”, señaló el panista y mandatario de Durango, José Rosas Aispuro. Por su parte, senadores del PT-Morena se pronunciaron en favor de, primero, tener un plan de fortalecimiento de las policías locales y, así, ponerle fecha al regreso de los militares a sus cuarteles. ““No se puede mantener al Ejército de manera permanente, eso es inconstitucional, esta ley está violentando muchos artículos constitucionales”, señaló Dolores Padierna.

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