Aunque las propias autoridades confirmaban lo publicado, un juez determinó que, por informar sobre el asesinato del que se hizo responsable el sobrino de la entonces lideresa de la Confederación Nacional Campesina (CNC), el diario La Opinión de Campeche dañó moralmente a la susodicha, razón por la que le pagará la nada despreciable suma de 6 millones de pesos.
Fue en 2014 cuando Edward Alejandro Cuevas Santini, sobrino de Sonia Cuevas Kantún (ahora ex líder de la CNC) confesó el asesinato de Florencia Azalea Cabrera, esto tras el término del noviazgo que sostenían. Ya que el joven señaló que ocultó el cuerpo de la chica de 20 años en una propiedad de la dirigente campesina, en ese entonces ésta declaró en entrevista que ella respondería por sus actos, pero no por los de sus familiares:
“Entiendo que por la posición en que me encuentro políticamente esto se quiera aprovechar, pero solamente quiero decirles que a lo largo de mi vida política y como ciudadana, los que me conocen saben que nunca he estado fuera de la ley”.
Sin embargo, eso parece que nomás fue de dientes pa’ fuera, ya que La Opinión y otros medios locales señalaron las tentativas para encubrir el crimen. Incluso familiares de la víctima ofrecieron testimonios de cómo Cuevas Kantún los presionaba, por medio de su abogado, para forzar declaraciones.
Ante esto, la ex lideresa demandó a Multimedios Campeche, empresa encargada de la edición del diario, exigiendo el pago de 25 millones de pesos por daño moral… hace unas cuentas semanas (el 12 de mayo) el juez Lanz Gutiérrez de Velasco falló en favor de Cuevas, no concediendo la manchada petición de dinero: lo dejó en 6 millones de pesos.
Ya que en todo momento corroboraron información con fuentes y con las propias autoridades, la resolución parece bastante pasada de lanza: “ninguna de las publicaciones puede considerarse ilícita ni contiene la intención de afectar a Cuevas (…) las publicaciones fueron a partir de un hecho cierto, probado, incluso ya juzgado, en el que el responsable resultó ser un sobrino suyo”, comentan al respecto editores, coeditores y directivos de La Opinión, quienes son los que a final de cuentas desembolsarán el respectivo billete.
Un elemento que pone en evidencia lo manchado de la decisión es el hecho de que, aunque varios medios publicaron sobre el caso (impresos, radio y TV), sólo ellos fueron los demandados… y no es que hayan hecho mucho dinero por las ventas que levantó la información, ya que el diario es de circulación gratuita.
El asunto que para los de La Opinión luce como un “un agravio serio a la libertad de prensa y de expresión”, ya fue apelado… pero el proceso podría demorar algunos años.