¿Sabían que durante el sexenio de Felipe Calderón comenzó un proceso de privatización en el sistema penitenciario en México? Se trató de un modelo mixto entre iniciativa privada y Estado que no dio los mejores resultados —al contrario, persistieron el autogobierno, el tráfico de drogas y los tratos degradantes. 10 años después del inicio de este proyecto, AMLO busca cancelar esos contratos.
¿Por qué? El gobierno de Felipe Calderón —con la gestión de Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública— comprometió al país a ocho contratos por 20 años para pagar 266 mil 300 millones de pesos por los servicios de empresas privadas que no han sido los más eficientes.
Por esta razón, el gobierno de AMLO anunció, en la mañanera de este 13 de enero, que buscará rescindir los contratos y llegar a un acuerdo con las empresas, de lo contrario, presentará una demanda civil.
Las cárceles privadas de Felipe Calderón y Genaro García Luna
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de estos contratos —hechos por adjudicación directa— nació la operación privada de ocho penales en Sonora, Guanajuato , Oaxaca (2), Durango, Chiapas y Morelos.
Todo fue con la aprobación del entonces coordinador General de Centros Federales, Gonzalo Villarreal, el director General de Administración, Arturo Sosa, y Marco Antonio Villarreal, director de Adquisiciones de esta dependencia en 2010.
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Sin embargo, con el paso de los años los contratos no rindieron los mejores frutos, sobre todo en el aspecto económico ya que el gobierno sólo ha pagado 36% del total —unos 75 mil 661 millones de pesos— y adeuda algo así como 190 mil 638 millones de pesos, que igual para finiquitar los pagos puede que la fecha límite se extienda hasta 2032 y 2037.
¿Y qué pasó con la operación?
Pues en este aspecto tampoco hubo un buen avance.
En el proyecto de Felipe Calderón y Genaro García Luna, las cárceles funcionarían con la participación de empresas privadas como proveedoras. Es decir, estas se encargarían de la operación administrativa y de los insumos de estas cárceles mientras que el Estado ponía la seguridad y custodia.
El objetivo era mejorar la calidad de las prisiones federales y bajarle a la sobrepoblación, además de garantizar el proceso de reinserción social.
Sin embargo, 10 años después del inicio de las cárceles privadas de Calderón, las cosas siguen igual o peor.
De acuerdo con el reporte Privatización del sistema penitenciario en México, publicado por Proyecto Justicia en 2016, a seis años de trabajo, en las prisiones privadas persistían los mismos problemas que en las cárceles públicas: el autogobierno, tráfico de drogas, prostitución y tratos degradantes.
Ahora la tarea de la SSPC y la oficina de Presidencia será rescindir esos contratos —pero además, deberán presentar un plan para mejorar el funcionamiento en el sistema penitenciario mexicano.