Una ministra de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) tomó una controvertida decisión esta semana que, aunque no es definitiva, sí terminó comprándole un buen tiempo a Pío López Obrador, el hermano del presidente investigado por delitos electorales a raíz de aquellos videos en los que aparece recibiendo sobres manila de David León Romero y presuntamente inyectándolos a campañas de Morena.
Como ya se imaginarán, esta medida regresó el caso al ojo del huracán y embarró en la polémica a los vestidos de toga.
La decisión fue tomada por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien llegó gracias a que AMLO —en su primer año de Gobierno— la propuso para el puesto en la Suprema Corte, entonces el enredo se ha puesto todavía más crispado.
Sin meternos mucho en el abogañol, la decisión de la ministra le terminó comprando valioso tiempo a Pío López Obrador en la investigación en su contra. Desde hace algunos meses, el INE le había pedido a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR que compartiera la carpeta que existe contra el hermano del presidente, pero los fiscales se negaron.
El pleito llegó al Tribunal Electoral donde, otra vez, se decidió que la Fiscalía sí tenía que compartir el caso con el INE.
Sin embargo, en un enredado estira y afloje legal, la FGR pidió que la situación se revisara en la Suprema Corte donde la ministra Esquivel Mossa les hizo la balona concediendo una suspensión.
De acuerdo con la decisión de Esquivel Mossa, se vulneraría la protección de datos personales en el caso de Pío López Obrador. “De no concederse la medida cautelar en los términos y para los efectos precisados, se causarían daños irreversibles, porque de otorgarse la documentación solicitada, sería imposible volver las cosas al estado en que se encontraban, permitiendo con ello que sus efectos se consumen irreparablemente”, se lee en su sentencia.
¿Entonces qué sigue? Pues que el caso de Pío López Obrador se discuta en la Suprema Corte.
La medida de la ministra Esquivel Mossa obliga que la información del hermano del presidente —así como la carpeta por sus videos recibiendo sobres sospechosos— se decida a profundidad en la SCJN mientras la FGR no hace pública la información, ni la comparte con el INE.
