Como resultado de la reforma política de 2014, se aprobó la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Fiscalía General de la República, un órgano que, a más tardar en 2018, dejará de depender del Poder Ejecutivo Federal y estará dotado de autonomía, personalidad jurídica y patrimonios propios. Con esta modificación, en teoría, se busca blindar la impartición de justicia en el país y alejarla de los distintos intereses políticos que hoy atentan en su contra. Aunque, como siempre, las cosas pueden terminar por enturbiarse. Las especificaciones de la reforma señalan que el fiscal general permanecerá nueve años en su cargo y solamente podrá ser removido por las causas graves que establece la ley. Actualmente la PGR depende totalmente del Ejecutivo, su titular es definido por el presidente —y ratificado por el Senado— y este puede ser removido al antojo del mandatario.
En caso de que se aprobara la Ley de la Fiscalía General, como lo buscan senadores del PRI y el PVEM, el procurador en funciones pasará automáticamente a ser el fiscal general. El gran beneficiado de este modelo sería Raúl Cervantes Andrade, a quien se le conoce en redes sociales como #FiscalCarnal, un priista cercanísimo al presidente Enrique Peña Nieto. Para varios especialistas y miembros de la oposición, esta movida no es sino una jugada a futuro con la que EPN busca cubrirse las espaldas y a su grupo gobernante. Con esta estrategia se buscaría evitar posibles investigaciones sobre corrupción u otros delitos al terminar el sexenio. Aunque pareciera, esto no es un déjà vu. Esto mismito ocurrió hace un año, cuando el grupo de legisladores cercano al presidente Peña Nieto buscó el “pase directo” por primera vez.
A finales de noviembre de 2016, EPN tuvo que salir a proponer una iniciativa para evitar que Raúl Cervantes se convirtiera en fiscal general de manera automática. El proyecto indicaba que el Senado tenía que hacer una lista de diez posibles candidatos al puesto, el representante del Poder Ejecutivo regresaría una terna final, misma que los senadores tendrían que votar para elegir al primer fiscal general. Como era de esperarse, no pasó nada con esta iniciativa. El tema sigue sin salir de la congeladora y, como dijo don Teofilito, ni lo hará.
Desde la Cámara de Senadores, priistas y verde ecologistas pugnan por la imposición del procurador Cervantes Andrade como fiscal general. Pablo Escudero, miembro del PVEM y presidente de la mesa directiva del Senado, llamó a los legisladores panistas votar en “conciencia libre” y “pensando en lo que le conviene al país”. Según el senador del Partido Verde, el prestigio del procurador está por encima del veto de cualquier persona. Escudero les pidió no seguir las órdenes proferidas por Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, quien ha declarado que su partido está en “franco estado de guerra” contra el PRI y el Gobierno Federal debido a que ambos quieren aprobar medidas de impunidad para el sexenio que viene. “(Buscan) imponer fiscal para los próximos nueve años, que es el que será el responsable de investigar todos los delitos federales de corrupción, narcotráfico, enriquecimiento ilícito cometidos en esta administración”, afirmó Anaya Cortés.
Lectura: ¿Quién es Raúl Cervantes Andrade?
Quienes están en contra de la aprobación de la Ley de la Fiscalía General han denunciado que priistas y verdes se podrían salir con la suya solamente consiguiendo tres votitos más, los cuales les permitiría asegurar la mayoría simple (mitad del total de los miembros del Senado+ 1). En pocas palabras, los promotores de Raúl Cervantes Andrade sólo necesitan el voto de sus 62 senadores y de tres legisladores más a los que puedan convencer de su causa. El pase automático del procurador, dice el periodista Salvador García Soto, significaría matar a una institución autónoma antes de nacer, además de “aniquilar toda la esperanza de que algún día la dolorosa situación de injusticia, corrupción e impunidad realmente pueda cambiar en este país“:
Defensores de derechos humanos, representantes sociales, miembros de más de 200 organizaciones no gubernamentales, líderes empresariales y de banqueros exigieron este martes 29 de agosto la creación de la Fiscalía General como un órgano independiente y autónomo y que se prohiba el pase automático de Cervantes Andrade. Los integrantes de los colectivos #VamosPorMás y #Fiscalía que sirva se reunieron en el Ángel de la Independencia anunciaron que en los próximos días presentarán ante el Congreso de la Unión un proyecto para reformar la Constitución y asegurar la independencia política del fiscal general y de los encargados de las fiscalías especializadas en combate a la corrupción, delitos electorales y derechos humanos.
Los priistas aplicaron aquel tradicional adagio salinista que reza así: “ni los veo ni los oigo”. Este mismo martes, durante la celebración de la XI Reunión Plenaria del grupo parlamentario del PRI en el Senado, cerró filas en torno a Raúl Cervantes; el presidente nacional del partido, Enrique Ochoa Reza, sostuvo que el procurador ha tenido una labor destacada al frente de la dependencia. “El apoyo que nosotros damos a Raúl Cervantes que no quede duda. Nosotros consideramos que tiene la trayectoria, el profesionalismo y el desempeño público para tener la altísima responsabilidad de ser Fiscal General de la Nación. Ha hecho un extraordinario trabajo como Procurador y contará con nuestro apoyo hacia adelante“, dijo Ochoa Reza.