La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó esta semana que se encuentra atravesando por una extrema crisis financiera que podría dar como resultado la disolución del organismo. Esta semana a través de un comunicado la CIDH informó que debido a este problema tendrán que suspender la realización de las visitas previstas para este año.

Para seguir operando en buenas condiciones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos necesita aproximadamente 10 millones de dólares anuales. Esta cantidad de dinero proviene en su mayoría del fondo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que le otorga el 6% de su presupuesto conformado por donaciones de los países miembros. El resto del presupuesto se completa con donaciones voluntarias de los estados miembros, de los observadores, de becas universitarias y de agencias.

Esta crisis financiera para la CIDH viene después de que sus principales contribuyentes, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Noruega, Reino Unido, Países Bajos, Suecia y Suiza han dejado de lado al organismo para poner más atención hacia los países europeos que atraviesan por una fuerte crisis de refugiados.

Otro de los motivos de esta crisis económica apuntan a una venganza política por parte de algunos gobiernos de los estados miembros, entre los que destaca México, esto después de que en un informe la comisión declaró que en México se vive una grave crisis de derechos humanos, mismo que fue totalmente rechazado por la Secretaría de Gobierno. Después de esto el gobierno nacional dejó de hacer donaciones para el periodo del 2015 y del 2016.

La evidente crisis de Derechos Humanos en México

A finales del año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una visita a nuestro país y con tan solo cinco días la CIDH elaboró un reporte en el que resaltaba la “grave crisis de derechos humanos” en nuestro país y “una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a la víctimas y a familiares”.

La Secretaría de Gobernación tomó este reporte como una agresión, más que como una observación y negó hasta el los resultados expresados por la CIDH, alegando que en él se incluían “algunos casos específicos que ellos observaron, pero que estos reflejaban la situación general del país en materia de derechos humanos”.

A pesar de que la Secretaría de Gobernación asegura que el país se encuentra bien en materia de Derechos Humanos y que solo se trata de casos específicos, esta semana, Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, comunicó que México es el país más denunciado ante la CIDH.

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Durante una conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México, Icaza detalló que durante el 2015 se presentaron mil 164 peticiones de los 35 estados miembros, de esas denuncias, 849 fueron contra el gobierno de México, es decir, 73 por ciento del total.

El especialista en Derechos Humanos agregó que parte del problema se debe al anticuado sistema de las instituciones públicas en materia de garantías individuales:

“En cada una de las 32 entidades hay una comisión de derechos humanos y existe otra a escala nacional. Esos organismos reciben, en conjunto, más de 200 millones de dólares al año, señaló. Entonces, ¿por qué la gente no acude a estas instancias?”

Hay que resaltar que el papel de la Comisión en nuestro país fue clave para la investigación del caso Ayotzinapa, pues antes de que el gobierno mexicano decidiera que ya no necesitaba su ayuda para resolver los hechos ocurridos la madrugada del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

Lamentablemente las cosas entre el gobierno mexicano y la CDIH no terminaron bien, por los diversos malos entendidos y las trabas que la organización denunció por parte de la PGR y el pasado mes de abril presentaron su último informe sobre el caso junto con una serie de recomendaciones.

¿Qué pasaría si la CIDH desaparece?

La dramática situación por la que atraviesa la CIDH pone en evidencia el desinterés por parte los Estados de América, así como de la OEA, para garantizar los derechos que todos y cada uno de los habitantes merece por el simple hecho de ser humano. Este tema es sumamente delicado, pues la CIDH, representa el último recurso para que se acerquen todos aquellos que no encuentran protección ni garantías en su propio Estado.

La CIDH es un organismo que se dedica a salvaguardar y garantizar los derechos humanos, pese a que todos los estados deberían de asegurarlos. Lamentablemente no siempre es así y para muestra, en nuestro país no solo está el caso Ayotzinapa, sino también la masacre registrada en Tlatlaya en 2014 en donde participaron militares, Atenco en 2006 donde participó la Policía Federal y si nos vamos muy lejos también está la masacre estudiantil en Tlatelolco en 1968, solo por mencionar algunos.

Si la situación financiera de la CIDH no mejora, el próximo 31 de julio tendrán que despedir al 40% de su personal. Para evitar tan drástica medida, a través de un comunicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado a los países miembros, los países observadores y otros posibles donantes a realizar aportes financieros urgentes y de libre disposición. Aquí pueden leer el comunicado completo de la CIDH.

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