Con tantas desgracias nacionales, se nos ha olvidado que los exgobernadores podrían rescatarnos… no por su trabajo o su poder de convocatoria para juntar apoyo a los damnificados, sino porque con todo lo que se robaron bien podrían reconstruirse ciudades enteras. ¿Esto es exagerado? Pues para sacarnos la duda, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, solicitó a la PGR que ya se comience con el proceso de detención y extradición del exmandatario de la entidad, César Duarte. ¿A poco no caerían de perlas los más de mil millones de pesos que posiblemente se embolsó?
Aunque desde hace tiempo se sabe que el exgober está en Texas y que en su contra pesan diversas acusaciones por daño al erario y otras transas, hasta apenas ayer – luego de la conferencia ofrecida por Corral – la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que solicitará la captura de Duarte. Pese a la lentitud de las acciones (si es que éstas de verdad se hacen), el actual mandatario de Chihuahua dijo confiar en que la PGR logrará procesar al susodicho y que éste no recibirá protección de parte de Enrique Peña Nieto.
“Sabemos que las autoridades de Estados Unidos tienen información de él, de sus pasos, esperábamos que fuera deportado, él ha pedido una residencia permanente, como inversionista, por cuestiones humanitarias, la reclaman dos de sus hijas que son norteamericanas, e incluso ha tenido la desfachatez de pedir el asilo político en Estados Unidos”.
Para ver si le meten presión al asunto, Corral entregó a las autoridades 70 tomos y 50 discos compactos que han servido para que diferentes jueces emitan órdenes de aprehensión contra Duarte. “Son asuntos que directamente lo responsabilizan en la planeación, organización e instrucción del desvío, y disposición indebida, de más de mil millones de pesos, no hay antecedente en la historia de Chihuahua que un presunto delincuente haya sumado 10 órdenes de aprehensión”.
Hay que señalar que, aunque la Fepade ya comenzó con los trámites para que el exmandatario chihuahuense regrese a suelo mexicano, sólo sería por el desvío de 59 millones de pesos, los cuales estarían ligados con delitos electorales. Así lo señaló el titular de la Fiscalía, Santiago Nieto Castillo, quien puntualizó que tal desvío se habría operado en el proceso electoral de 2016. Para juntar tan ínfima cantidad de dinero (comparada con los mil millones que supuestamente se fregó), el exmandatario habría retenido parte del salario de más de 700 servidores públicos de la entidad.