El diario Beijin Times amaneció ayer con un artículo que informaba sobre seis investigadores chinos acusados de matar a Yu Qiyi, un importante ingeniero de una compañía estatal en Wenzhou, durante un interrogatorio. Al cabo de unas horas, el artículo había sido quitado. El diario El País recogió la nota, reproduce su contenido e informa de esta censura.
Según documentos de la corte de acción judicial, así como testimonios de la esposa de Yu, Wu Qian, su esposo fue visto por última vez el 1 de marzo en el aeropuerto de Pekin. Días después, la empresa donde Yu trabajaba le dijo a Wu que su marido había sido detenido por “violaciones disciplinarias” que no le explicaron. Tampoco le dijeron el tiempo que estaría retenido, “sólo me dijeron que no deberíamos crear un escándalo al respecto“.
38 días después, el 9 de abril, el gobierno chino, a través de las autoridades locales, informó a Wu que su esposo había muerto “por un accidente mientras se bañaba”. Ella pudo ver después el cuerpo de yu, cubierto por fuertes contusiones. La autopsia reveló que había muerto por respiración de líquidos. Wu y su familia decidieron difundir a través de Sina Weibo (el twitter chino) un conjunto de fotografías que mostraban el lastimado cuerpo de su esposo, así como denuncias a las autoridades. Esto causó un escándalo y el 15 de mayo, los “investigadores” fueron detenidos.
Durante los juicios, la verdadera historia vio la luz. Yu había sido torturado durante varios días bajo distintos métodos. Durante la última ocasión, Yu fue introducido varias veces en agua helada, hasta que dejó de luchar. Le llevaron inconsciente al hospital, donde murió.
El Gobierno Chino puede hacer esto amparándose en una cláusula conocida como “shuanggi” que permite que las autoridades obliguen a un miembro del Partido Comunista a presentarse ante un comité para explicar sus delitos cuando se le solicite, sin importar si se había hecho una citación previa. Básicamente pueden buscar a sus miembros y obligarlos a declarar sin previo aviso de absolutamente nada.
La Comisión de Control Disciplinario del Partido Comunista es el órgano anticorrupción responsable de la mayoría de los llamamientos bajo la cláusula “shuanggi.” Y sea bajo esta u otra práctica, la comisión investigó a más de 160 mil personas tan sólo el año pasado.