El pasado 29 de noviembre la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) presentó un informe que muestra el uso extensivo de software de espionaje con fines políticos en todo el país. El estudio se sustentó en más de 600 solicitudes de información pública, y evidenció el espionaje ilegal de teléfonos celulares y computadores de ciudadanos en por lo menos en 12 estados de la República Mexicana.
De acuerdo con el estudio “El Estado de Vigilancia: Fuera de Control”, tres compañías globales especializadas en la intervención de dispositivos de comunicación y de cómputo (Hacking Team, NSO Group y FinFisher) vendieron sus programas a gobiernos estatales en México y al Ejército Mexicano.
¿Por qué hay que preocuparnos? Pues porque con este software de espionaje, se pueden infectar computadoras y celulares de cualquier persona, para luego robar su información personal sin que se tengan facultades legales para hacerlo.
En nuestro país solamente las procuradurías y fiscalías de los estados, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) tienen la facultad para intervenir comunicaciones, siempre y cuando cuenten con la autorización previa de un juez federal especializado en cateos e intervenciones.
En abril de 2016, la organización R3D solicitó al Gobierno Federal información sobre cuántas personas intervino el CISEN sin orden judicial durante el 2014. Las autoridades federales se negaron a proveer las cifras, por lo que los defensores de los derechos digitales acudieron a la siguiente instancia: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En mayo del mismo año, el INAI resolvió a favor de la organización, determinando que la información era de carácter público y, por lo tanto, debía ser entregada a R3D. El Gobierno Federal volvió a negarse a brindar la información, esta vez acusando riesgos para la seguridad nacional. El INAI y R3D argumentaron que la estadística (número de personas y dispositivos intervenidos) no ponía en peligro la seguridad del país.
El caso fue turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El pasado lunes 5 de diciembre, la SCJN determinó que el CISEN tiene que dar a conocer los datos sobre cuántas personas y dispositivos fueron espiados sin orden judicial en 2014. Aunque el pleno de la Suprema Corte dio este fallo favorable, también desacreditó el argumento ofrecido por el INAI respecto a que “toda información estadística” es pública, independientemente de la materia que trate.
De acuerdo con el ministro presidente Luis Aguilar, la información no se puede proporcionar de forma “tan abierta”, ya que las cifras estadísticas podrían estar relacionadas con otros datos que pongan en peligro la seguridad del país. En el mismo talante se pronunció el ministro Eduardo Medina Mora, exdirector del CISEN, quien consideró que entregar en automático todas las cifras que la ciudadanía requiera, como sugiere el INAI, podría violentar al Estado.
¿Cómo es el espionaje en México?
Fuera de las concepciones jamesbonderas de increíbles dispositivos tecnológicos, voluptuosas modelos rusas y persecuciones en locaciones inauditas, el espionaje en nuestro país se realiza desde oficinas comunes y corrientes, con sus filas de cubículos impersonales, como si fueran de una empresa de telemarketing o de una compañía de seguros. La gente que acude a estos servicios tienen un interés comercial, empresarial, político o personal (Nexos).
Dependiendo del trabajo solicitado, se utiliza la herramienta adecuada: en el caso de una conversación entre políticos, apenas basta con grabar el diálogo. “De esas herramientas hay algunas que son legales, otras que son ilegales y otras que quizás se muevan en un ámbito de ambigüedad”, relata un espía especializado en análisis para compañías. En México, existían cerca de cuatro empresas dedicadas a este rubro, aunque con el ascenso de las nuevas tecnologías, las consultorías de este giro han crecido en número.
Dentro de esta rama se encuentran las llamadas “empresas boutique”, fundadas normalmente por exfuncionarios del CISEN, la Policía Federal o la PGR. Ellas se encargan de brindar “servicios puntuales” a personajes involucrados en la política. Su servicio de inteligencia está orientado al sector público, y no se publicitan de manera abierta: se llega a ellos a través de la información “boca a boca”.
Según el experto, antes existía manera de protegerse de ser espiado; pero con las nuevas tecnologías, esto resulta imposible: no hay manera de saber si uno está intervenido o no. Un mes de intervención a un celular —relata el espía— puede rondar la cifra de entre 80 mil y 85 mil pesos.